España empeora su puntuación en el índice de corrupción y queda por detrás de Arabia Saudí, Ruanda y Botsuana, según Transparencia Internacional

España ha visto deteriorada su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional , situánd...

España ha visto deteriorada su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, situándose en el puesto 49 de 182 países con una puntuación de 55 sobre 100, lo que representa un notable retroceso respecto a los 62 puntos que registraba hace seis años. Esta caída refleja un empeoramiento de la percepción sobre la integridad de las instituciones y la eficacia de los mecanismos de control en el país, situándolo por detrás de naciones como Arabia Saudí, Ruanda, Botsuana o Granada, que tradicionalmente no se consideran referentes en materia de transparencia pública. Aunque España sigue por delante de países como Italia (53 puntos), el retroceso preocupa tanto a analistas como a sectores cívicos, que ven en esta tendencia un síntoma de una erosión más profunda de la confianza en las instituciones.

El ranking de Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción en el sector público, basándose en una serie de encuestas y evaluaciones realizadas por organizaciones especializadas, entidades consultoras y expertos en gobernanza. Una puntuación más baja indica una mayor percepción de que los funcionarios y políticos ejecutivos se ven envueltos en prácticas corruptas, así como la existencia de debilidades en los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia de las contrataciones públicas y la prevención del conflicto de intereses.

La posición de España en este índice es especialmente significativa, ya que se sitúa por debajo de varios países que, hasta hace algunos años, eran percibidos como con niveles de rendición de cuentas menos robustos. Por ejemplo, Arabia Saudí, a menudo criticada por su falta de libertades políticas y controles institucionales, aparece con una puntuación superior, al igual que Ruanda y Botsuana, dos países africanos que han implementado políticas visibles de lucha contra la corrupción interna en ciertos ámbitos, aunque sigan enfrentando limitaciones en otros aspectos del buen gobierno.

Este retroceso coincide con un contexto generalizado de descenso en las puntuaciones de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que Transparencia Internacional describe como un “preocupante estado de estancamiento” en la aplicación efectiva de los estándares anticorrupción. Según la organización, a pesar de la existencia de marcos normativos avanzados en materia de transparencia, la implementación real de controles, sanciones y políticas preventivas está fallando en varios niveles, permitiendo que prácticas opacas, favoritismo y debilidades en la supervisión sigan presentes en la vida pública.

Entre los factores que suelen influir en una percepción deteriorada de la corrupción se encuentran casos mediáticos de malversación de fondos, escándalos de contratación pública, la lentitud o falta de contundencia en la respuesta judicial frente a delitos económicos, así como la percepción de que ciertos sectores de poder mantienen canales de influencia difíciles de fiscalizar. La propia Transparencia Internacional subraya que la percepción no siempre coincide con la corrupción real, pero que sí capta el sentir generalizado de expertos y ciudadanía sobre la eficacia de las políticas públicas para prevenir y sancionar estas prácticas.

El hecho de que España haya perdido siete puntos en seis años —pasando de 62 a 55— indica que, aun cuando han existido avances normativos, estos no han logrado traducirse en resultados tangibles que refuercen la confianza en las instituciones. Para organizaciones civiles, este descenso pide una respuesta firme por parte del Gobierno y de las cámaras legislativas: reforzar la independencia y recursos de los organismos de control, mejorar la transparencia de la gestión pública y garantizar que los procesos de contratación y adjudicación sean completamente accesibles y verificables.

La caída de España en el índice también pone de relieve un fenómeno que afecta a varias democracias consolidadas: el descontento ciudadano con la clase política y la percepción de que las élites disfrutan de una menor exposición a controles efectivos. Esto puede tener efectos secundarios en la participación política y en la confianza general en el sistema democrático, alimentando discursos de desafección y escepticismo.

Transparencia Internacional enfatiza que revertir esta tendencia no es imposible, pero requiere compromisos a largo plazo, voluntad política y, sobre todo, acciones visibles que permitan recuperar la credibilidad pública. Entre las recomendaciones habituales están el fortalecimiento del registro de intereses, la protección efectiva de denunciantes de irregularidades, la mejora de la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas y la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Para España, el desafío consiste ahora en traducir estas recomendaciones en medidas que frenen la caída del índice y, más importante aún, que generen un impacto perceptible en la vida institucional y cotidiana de los ciudadanos.