Interior fulmina a otro alto cargo por el caso de agresión sexual y Marlaska trata de frenar la mayor crisis interna de su mandato

La crisis desatada en el Ministerio del Interior por la gestión de una denuncia por agresión sexual ha provocado una nueva sacudida en la c...

La crisis desatada en el Ministerio del Interior por la gestión de una denuncia por agresión sexual ha provocado una nueva sacudida en la cúpula del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Tras la dimisión del máximo responsable operativo del Cuerpo, el ministro ha ordenado ahora el cese de su principal asesor, el comisario Óscar San Juan, señalado por haber intentado acallar a la víctima y frenar la denuncia de los hechos. La decisión llega en un momento de enorme presión política y mediática, en el que el departamento trata de contener el impacto de un caso que ha puesto en cuestión no solo la actuación de determinados mandos, sino también los mecanismos internos de protección a las víctimas.

Según las informaciones conocidas, el asesor destituido formaba parte del entorno más próximo del alto mando denunciado por violación y habría participado en actuaciones orientadas a minimizar el alcance de la denuncia. Entre las conductas que se investigan figuran presuntas presiones laborales e intentos de coacción dirigidos a disuadir a la víctima para que no acudiera a la vía judicial ni activara los canales internos. La gravedad de estas actuaciones, de confirmarse, situaría el caso no solo en el ámbito penal, sino también en el de las responsabilidades disciplinarias y políticas.

Uno de los aspectos que más indignación ha generado dentro y fuera del propio departamento es que el comisario ahora cesado fue condecorado por el propio Ministerio del Interior el pasado mes de octubre, apenas tres meses después de que, según la denuncia, se produjeran los episodios de presión sobre la víctima. Este reconocimiento oficial ha sido interpretado por distintos sectores como un símbolo del fallo en los controles internos y como una señal de respaldo institucional a una persona que ya estaba bajo sospecha dentro del entorno profesional.

Desde el entorno del ministro se insiste en que Fernando Grande-Marlaska no tuvo conocimiento previo de las maniobras para silenciar a la víctima y que la actuación se ha producido en cuanto se han conocido con detalle los hechos y la implicación del asesor. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas no han logrado disipar las dudas sobre la capacidad del Ministerio para detectar a tiempo comportamientos incompatibles con los protocolos de igualdad, integridad profesional y protección frente a la violencia sexual.

Fuentes conocedoras de la situación interna describen un clima de fuerte malestar entre mandos intermedios y agentes, que consideran que el caso ha dañado la imagen de la institución y ha reabierto viejas críticas sobre la cultura corporativa y la dificultad para denunciar situaciones de abuso cuando los presuntos responsables ocupan posiciones de poder. La sensación de que la víctima quedó desprotegida durante meses es uno de los elementos más delicados del escándalo, ya que afecta directamente a la credibilidad de los canales internos de denuncia y a la confianza en que las investigaciones se realicen sin interferencias.

El cese del principal asesor del ministro se suma así a la dimisión del máximo responsable operativo, configurando una cadena de salidas que evidencia la profundidad de la crisis. En el ámbito político, la oposición reclama explicaciones en sede parlamentaria y exige depurar todas las responsabilidades, tanto por la presunta agresión como por el intento de ocultación posterior. Mientras tanto, el Ministerio intenta transmitir un mensaje de firmeza, asegurando que colaborará con la justicia y que revisará los protocolos internos para garantizar que ninguna víctima vuelva a enfrentarse a presiones o represalias por denunciar.

El caso ha terminado por convertirse en una de las situaciones más comprometidas del mandato de Marlaska, al poner bajo el foco no solo la conducta de un alto cargo y de su entorno, sino la respuesta institucional ante una denuncia extremadamente sensible. La continuidad de la crisis dependerá ahora del avance de las investigaciones judiciales y de si salen a la luz nuevos episodios que puedan ampliar el alcance de las responsabilidades dentro del Ministerio.