La Asamblea Nacional chavista aprueba por unanimidad una controvertida Ley de Amnistía que excluye a militares y cambia requisitos para exiliados

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La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó por unanimidad en segunda discusión el proyecto de Ley de Amnistía, tras un debate que comenzó con más de dos horas de retraso mientras se negociaban cambios clave en los artículos más polémicos de la norma. La medida, presentada como una iniciativa de reconciliación nacional, busca beneficiar con amnistías y posibles liberaciones a personas que han estado procesadas o condenadas por delitos considerados políticos durante décadas de conflictos y protestas en el país, aunque su alcance y exclusiones han generado controversia tanto dentro como fuera del entorno oficialista.

Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 7, que originalmente exigía que los beneficiarios, incluidos quienes se encuentran en el exilio, se “pusieran a derecho” ante tribunales para solicitar y optar por el beneficio de la amnistía. Ante las críticas de que esta condición podía dejar en desventaja a los exiliados políticos y disidentes que temen regresar al país por riesgo de detención, el texto fue modificado. La versión aprobada permite ahora que estas personas se representen ante los jueces mediante un apoderado o abogado, lo que abre una posibilidad práctica para quienes permanecen fuera del país sin que tengan que presentarse de inmediato ante la justicia mientras tramitan su solicitud.

La modificación, en opinión de analistas y miembros de la sociedad civil, intenta equilibrar dos objetivos: facilitar el retorno y acceso a los beneficios de la amnistía a exiliados y al mismo tiempo mantener control judicial sobre el proceso, aunque la exigencia de comparecencia personal se mantiene en una etapa posterior del trámite. Esta condición ha sido criticada por opositores, que señalan que la dependencia del mismo sistema judicial que persiguió políticamente a muchos beneficiarios puede revictimizar a quienes buscan la libertad.

El artículo 8 de la ley detalla los hechos políticos y periodos que serán considerados dentro del marco amnistiable, incluyendo eventos de crisis desde el golpe de Estado de 2002 hasta protestas y episodios de violencia política en distintos años. Sin embargo, también se establecen exclusiones expresas: no podrán acogerse a la amnistía quienes hayan estado implicados en delitos graves como violaciones masivas de derechos humanos, homicidio intencional, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción o quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía del Estado. Estas exclusiones han generado un fuerte debate, pues dejan fuera a un segmento de presos y exiliados políticos con causas relacionadas a episodios de confrontación más duros entre fuerzas del Estado y grupos opositores.

Organizaciones como Foro Penal han señalado que, pese a la liberación de varios centenares de presos políticos en las últimas semanas dentro de un proceso paralelo, aún quedan cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos que podrían quedar fuera de la cobertura de la nueva ley debido a su naturaleza específica y a las exclusiones establecidas. Esto ha alimentado críticas de que la amnistía resulte insuficiente y sesgada, no garantizando una reparación integral de la persecución política en Venezuela.

Desde el oficialismo, en cambio, se ha defendido que la ley constituye un paso importante hacia la reconciliación nacional y la convivencia democrática, en un contexto político marcado por cambios significativos tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la administración interina de Delcy Rodríguez, quien ha impulsado la normativa. Los diputados oficialistas han enfatizado que incluir exiliados y perseguidos políticos dentro de un marco legal que permita su retorno y la nulidad de procesos penales es una forma de “cerrar heridas” y avanzar en un nuevo momento político para el país.

A pesar de la unanimidad en la votación, las tensiones entre sectores políticos, académicos, ONG y familiares de presos reflejan que el alcance real de la Ley de Amnistía, y su impacto sobre los procesos judiciales en curso, sigue siendo objeto de intenso debate y escrutinio dentro y fuera de Venezuela.