La cúpula de la Policía nombra a la última superior de la denunciante como nueva directora adjunta en plena crisis interna

La Policía Nacional ha designado como nueva directora adjunta operativa a la comisaria principal Gema Barroso , una decisión que ha provoc...

La Policía Nacional ha designado como nueva directora adjunta operativa a la comisaria principal Gema Barroso, una decisión que ha provocado un fuerte malestar interno al tratarse de la última superior jerárquica directa que tuvo la inspectora que ha denunciado al anterior máximo responsable operativo por una presunta agresión sexual. El nombramiento llega en un momento especialmente delicado para la institución, sacudida por la investigación judicial abierta contra el exDAO, José Ángel González, y por la dimisión forzada que se produjo tras la admisión de la querella.

Según fuentes policiales, Gema Barroso fue la jefa directa de la denunciante hasta el pasado mes de julio, cuando esta última ascendió a inspectora jefa y fue destinada a otra unidad. Antes de ese cambio de destino, Barroso firmó la baja administrativa de la agente, un trámite que ahora ha cobrado especial relevancia dentro del contexto del procedimiento judicial. La relación profesional entre ambas ha pasado a ser objeto de atención por parte de sindicatos y asociaciones de la Policía, que temen que el nombramiento pueda interpretarse como un gesto poco prudente en términos de imagen institucional y de protección de la víctima.

De hecho, fue a la propia Barroso a quien la inspectora comunicó este mismo martes que había presentado una querella contra el DAO por una supuesta violación. La circunstancia de que la nueva directora adjunta haya sido la primera responsable policial en conocer formalmente la denuncia dentro de la estructura jerárquica ha reavivado el debate sobre los mecanismos internos de control, la independencia de los mandos y las garantías de que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias o conflictos de intereses.

Desde el entorno de la denunciante se subraya que la comunicación a su antigua jefa se realizó por cauces reglamentarios, al entender que era una autoridad policial de referencia, aunque ya no existía dependencia directa entre ambas. Sin embargo, diversas voces dentro del cuerpo consideran que el ascenso de Barroso, producido en plena tormenta mediática y judicial, proyecta una imagen de continuidad en la cúpula que no ayuda a transmitir un mensaje de renovación ni de ruptura con las dinámicas que han sido cuestionadas tras el estallido del caso.

El nombramiento se produce apenas unos días después de que se conociera la renuncia del anterior director adjunto operativo, una figura clave dentro de la estructura de la Policía Nacional, con capacidad de coordinación sobre las principales unidades y sobre buena parte de la gestión interna. La vacante se había convertido en una de las más sensibles del organigrama, no solo por su peso operativo, sino por la necesidad de recuperar la confianza de los agentes y de la opinión pública.

Sindicatos policiales han reclamado cautela y han pedido explicaciones formales al Ministerio del Interior sobre los criterios utilizados para elegir a la nueva responsable. A su juicio, aunque la trayectoria profesional de Gema Barroso no está en cuestión desde el punto de vista técnico, la coincidencia temporal con la denuncia y su vinculación previa con la víctima obligaban a extremar la prudencia. Algunas organizaciones advierten de que, en un contexto de investigación judicial abierta, cualquier decisión que pueda interpretarse como una falta de sensibilidad hacia la denunciante puede tener efectos negativos en la disposición de otras posibles víctimas a dar el paso de denunciar.

Por su parte, fuentes del departamento sostienen que el nombramiento responde exclusivamente a criterios de mérito, experiencia y perfil profesional, y rechazan que exista incompatibilidad alguna. Defienden que Barroso no tiene ninguna relación con los hechos investigados y que su papel como superior jerárquica se limitó al ámbito estrictamente administrativo y funcional.

El caso ha puesto de relieve, una vez más, la fragilidad de los mecanismos internos de denuncia en cuerpos altamente jerarquizados y la dificultad de gestionar los relevos en la cúpula cuando los procedimientos judiciales afectan a los máximos responsables. Mientras la investigación avanza en los tribunales, la Policía afronta ahora el reto de recomponer su imagen pública y de garantizar que la nueva etapa al frente de la dirección adjunta no quede marcada por la sombra de un conflicto que sigue muy presente dentro del propio cuerpo.