El decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado una polémica considerabl...
El decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado una polémica considerable porque modifica de manera sustancial los requisitos para acreditar la ausencia de antecedentes penales, generando críticas de que la medida se convierte en un “coladero”. La norma, que forma parte de una iniciativa para regularizar a al menos 500.000 personas en situación irregular —aquellas que hayan residido en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 o que hubieran solicitado asilo antes de esa fecha— flexibiliza de forma notable las exigencias tradicionales respecto a la verificación de antecedentes penales.
Según la letra pequeña del real decreto aprobado en Consejo de Ministros, si el país de origen del solicitante no responde a una petición de certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, la Administración española notificará esa circunstancia al interesado. A partir de ese momento, la persona puede presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales, que bastaría por sí sola para que la Administración “entienda” que no existen antecedentes en ese país. Esta combinación de plazos breves y la simple firma de una declaración sustituye los controles previos previstos en el reglamento de extranjería vigente desde 2024 y que, hasta ahora, exigía que los extranjeros acreditaran la ausencia de antecedentes penales en los países en los que hubieran residido durante los últimos cinco años. La excepción se aplicaba sólo en situaciones muy justificadas, como conflictos armados o fallos del estado de origen, y debía acreditarse de forma sólida.
Los críticos de la medida sostienen que trasladar la responsabilidad de acreditar la ausencia de antecedentes al propio solicitante mediante una declaración responsable, sin prueba documental y ante la inacción de su país de origen, puede suponer una presunción administrativa de limpieza penal sin garantías efectivas. Para ellos, este mecanismo no solo debilita los controles de seguridad, sino que también podría permitir que personas con antecedentes se beneficien de la regularización, algo que fuentes políticas y sindicatos de policía han señalado como un riesgo para la seguridad pública.
El decreto no solo afecta a la cuestión de antecedentes, sino que altera otros requisitos clásicos de arraigo y empleo. Por ejemplo, simplifica las condiciones laborales, permitiendo que haya bastado con haber trabajado alguna vez en España o haber presentado un contrato, sin requerir una duración mínima ni jornada específica. También se establece que la situación de vulnerabilidad puede abarcar prácticamente a cualquier persona en situación irregular, lo que reduce el peso de los otros criterios como el empleo o la unidad familiar.
La tramitación administrativa también se agiliza: la presentación de la solicitud se resolverá en un máximo de tres meses, pero con la sola admisión se concede una autorización provisional para residir y trabajar en cualquier sector, y se suspende cualquier procedimiento de expulsión mientras el expediente está en curso. Las familias se ven beneficiadas también de manera amplia; los hijos menores o mayores con discapacidad se regularizan junto a los padres sin requisitos adicionales de residencia o medios económicos, y pueden obtener autorizaciones de hasta cinco años.
El Gobierno defiende la reforma como una respuesta “ordenada y humana” a la realidad de cientos de miles de personas que ya residen y trabajan en España, sosteniendo que la regularización permite su integración formal en la economía, el acceso a derechos laborales y sociales, y reduce la economía sumergida. También señala que la iniciativa responde a una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y por numerosos colectivos y organizaciones sociales.
Sin embargo, la oposición política —especialmente el Partido Popular y Vox— ha criticado duramente el decreto, calificándolo de irresponsable, de posible riesgo para la seguridad ciudadana y de motivaciones más electorales que jurídicas. Se argumenta que el real decreto, al evitar el trámite parlamentario, esquiva el debate y el control que este tipo de medidas requieren, y que podría tener un efecto llamada en los flujos migratorios sin un refuerzo paralelo de controles fronterizos y recursos administrativos.
En resumen, la discusión no es solo técnica: la forma en que se gestionan y verifican los antecedentes penales en este proceso de regularización ha colocado al decreto en el centro de un intenso debate sobre seguridad, integración, derechos humanos y política migratoria en España.
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