LaLiga y Telefónica logran que la Justicia obligue a Proton y NordVPN a bloquear conexiones durante los partidos

Una nueva resolución judicial ha abierto un frente inédito en la lucha contra las retransmisiones ilegales de fútbol en España al autorizar ...

Una nueva resolución judicial ha abierto un frente inédito en la lucha contra las retransmisiones ilegales de fútbol en España al autorizar el bloqueo temporal de servicios de redes privadas virtuales durante la emisión de partidos. La decisión, impulsada conjuntamente por LaLiga y Telefónica, obliga a dos de las principales plataformas de VPN del mercado, Proton VPN y NordVPN, a someterse a bloqueos de direcciones IP mientras se disputan encuentros oficiales.

La medida ha sido acordada por el mismo magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que, el pasado mes de noviembre, autorizó a LaLiga a obtener la identidad de determinados usuarios cuyas direcciones IP eran detectadas participando en la retransmisión de partidos a través de plataformas de intercambio de señal. Aquella resolución permitió a la organización deportiva recabar datos para remitir posteriormente comunicaciones de reclamación económica, en lo que se ha convertido en una estrategia intensiva de persecución de la piratería audiovisual.

En esta ocasión, según fuentes jurídicas, la iniciativa ha partido de una solicitud conjunta presentada por LaLiga y Telefónica ante la Tribunal de Instancia de Córdoba, que ha dictado medidas cautelares para “paralizar temporalmente la actividad” de los servicios de Proton VPN y NordVPN durante las franjas horarias en las que se celebran partidos de fútbol protegidos por derechos audiovisuales.

El objetivo de la resolución es impedir que los usuarios puedan utilizar estas redes privadas virtuales para eludir los bloqueos de direcciones IP que los operadores aplican contra servidores y páginas que distribuyen contenidos deportivos de forma ilegal. Según los argumentos presentados por LaLiga, una parte relevante de los accesos a emisiones pirata se produce mediante el uso de VPN, lo que dificulta la identificación del origen real de la conexión y neutraliza los sistemas de bloqueo tradicionales.

Las medidas cautelares no suponen, por ahora, la retirada definitiva de los servicios en España, pero sí imponen a las compañías afectadas la obligación de colaborar en la restricción del tráfico hacia determinadas direcciones IP durante los encuentros. En la práctica, esto implica que, mientras se celebran los partidos, los usuarios que empleen estas VPN podrían experimentar interrupciones o imposibilidad de conexión a determinados destinos bloqueados judicialmente.

Desde el punto de vista legal, la resolución supone un paso más allá respecto a las actuaciones habituales contra páginas web o servidores concretos. Por primera vez, se extiende el alcance de las medidas a intermediarios tecnológicos cuya actividad principal no es la difusión de contenidos, sino la provisión de herramientas de privacidad y seguridad digital.

Fuentes del sector tecnológico advierten de que este precedente puede tener un impacto significativo sobre el uso legítimo de las VPN. Estas herramientas son utilizadas de forma masiva por profesionales, empresas y particulares para proteger comunicaciones, trabajar en remoto o evitar la interceptación de datos en redes públicas. El bloqueo indiscriminado durante determinadas franjas horarias podría afectar también a usuarios que no guardan relación alguna con la piratería.

Por su parte, LaLiga defiende que la resolución es proporcional y necesaria para frenar un fenómeno que, según sus estimaciones, genera pérdidas millonarias cada temporada. La organización sostiene que la piratería audiovisual se ha sofisticado y que las VPN se han convertido en un elemento clave para mantener operativas las retransmisiones ilegales pese a los bloqueos ordenados por los tribunales.

Telefónica, como principal operador implicado en la solicitud, respalda la medida alegando que responde a una obligación de proteger los derechos de propiedad intelectual y de cumplir con las resoluciones judiciales que ordenan actuaciones técnicas concretas sobre el tráfico de red.

Las compañías afectadas, por el momento, no han detallado públicamente qué mecanismos técnicos aplicarán para cumplir con el auto judicial ni si recurrirán la decisión. No obstante, en el ámbito jurídico ya se debate si este tipo de bloqueos sobre servicios de privacidad puede entrar en conflicto con principios de neutralidad de red, protección de datos y libertad de comunicaciones.

La resolución de Córdoba anticipa un nuevo escenario en la batalla entre titulares de derechos y plataformas tecnológicas, en el que la frontera entre la lucha contra la piratería y la limitación de herramientas de uso general se vuelve cada vez más difusa.