María Jesús Montero promete una ley de lenguas andaluzas si llega a presidir la Junta para reforzar la identidad cultural de la comunidad

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero , aseguró que, si logra presidir la Junta de Andalucía , ...

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que, si logra presidir la Junta de Andalucía, impulsará una futura “ley de lenguas andaluzas” con el objetivo de preservar, impulsar, investigar y trasladar el valor cultural, social e histórico de las distintas formas de hablar que existen en Andalucía. La propuesta, presentada en un acto político reciente, se enmarca en un discurso centrado en la defensa de la identidad andaluza y en la reivindicación del patrimonio lingüístico como parte esencial de la riqueza cultural de la comunidad.

Montero subrayó que Andalucía cuenta con una enorme diversidad de expresiones lingüísticas, acentos y modalidades de habla que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y que, sin embargo, no siempre han sido reconocidas desde el punto de vista institucional. En su intervención defendió que el andaluz, en sus múltiples variantes territoriales, no debe seguir siendo percibido como un rasgo menor, informal o carente de valor cultural, sino como una expresión legítima de la identidad colectiva y un elemento fundamental de la historia social de la región.

Según explicó, la futura ley tendría como finalidad principal promover el estudio científico y académico de las modalidades lingüísticas andaluzas, favorecer su presencia en el ámbito educativo, cultural y audiovisual, y garantizar que las administraciones públicas contribuyan activamente a su divulgación. La dirigente socialista planteó que el texto normativo debería servir también para impulsar proyectos de investigación en universidades y centros especializados, así como programas de difusión dirigidos a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes.

La iniciativa se presenta, además, como una herramienta para combatir prejuicios arraigados que, en palabras de la propia Montero, han provocado durante décadas una percepción estigmatizada del habla andaluza en determinados ámbitos sociales, laborales y mediáticos. En ese sentido, defendió que reconocer institucionalmente la diversidad lingüística no supone crear una lengua nueva ni alterar el marco constitucional, sino dignificar una realidad cultural ya existente y profundamente arraigada.

Desde el entorno de la ministra se insiste en que la ley no tendría como finalidad establecer obligaciones lingüísticas para la ciudadanía ni para las empresas, ni introducir requisitos administrativos adicionales. La propuesta se orientaría, según estas fuentes, a la promoción cultural, la investigación y la sensibilización social, con programas públicos que fomenten el conocimiento del patrimonio lingüístico andaluz y su transmisión a las nuevas generaciones.

El anuncio ha generado reacciones políticas diversas. Mientras sectores afines a Montero consideran que la medida puede reforzar el orgullo identitario y contribuir a un mayor reconocimiento cultural de Andalucía dentro del conjunto de España, otras formaciones han mostrado cautela y han reclamado conocer con mayor detalle el contenido del futuro proyecto de ley antes de posicionarse. Algunas voces críticas han advertido del riesgo de abrir debates innecesarios sobre cuestiones lingüísticas en una comunidad donde no existen conflictos oficiales de lengua, y han pedido centrar los esfuerzos legislativos en problemas sociales y económicos más urgentes.

Montero, por su parte, recalcó que la ley de lenguas andaluzas se integraría en una estrategia más amplia de impulso cultural, que incluiría el refuerzo de la industria creativa, el apoyo a la producción audiovisual y la promoción de la identidad andaluza en el exterior. Según explicó, el objetivo último es que la forma de hablar de los andaluces deje de ser motivo de estereotipos y se convierta en un elemento reconocido y valorado, tanto dentro como fuera de la comunidad.

La propuesta se sitúa en un momento político clave, marcado por el debate sobre el futuro liderazgo en Andalucía y por la necesidad de articular un proyecto que conecte con una parte del electorado sensible a las cuestiones culturales y de identidad. Montero concluyó defendiendo que proteger el patrimonio lingüístico andaluz no es un gesto simbólico, sino una inversión en cultura, educación y cohesión social.