Podemos ha intensificado su ofensiva contra la presencia de Vito Quiles en el Congreso de los Diputados , reclamando a la presidenta de la ...
Podemos ha intensificado su ofensiva contra la presencia de Vito Quiles en el Congreso de los Diputados, reclamando a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que retire de manera definitiva la acreditación que permite a este comunicador asistir a ruedas de prensa oficiales. La formación liderada por Ione Belarra sostiene en un escrito dirigido a la Mesa del Congreso que Quiles, con su comportamiento repetido, no solo ha puesto en riesgo el normal desarrollo de las sesiones informativas, sino que “dificulta el derecho a la información” de la ciudadanía y de las y los profesionales de los medios acreditados.
La última espiral de tensiones se produjo durante una rueda de prensa en la que Quiles interrumpió sin turno para formular preguntas a Belarra, con alusiones sobre su papel político y críticas implícitas a su gestión. Esta actuación, según la portavoz de Podemos, obligó a concluir antes de tiempo el encuentro con los medios, impidiendo que otros periodistas pudieran ejercer su labor de preguntar y obtener respuestas. Es precisamente este tipo de intervenciones las que, según Podemos, justifican que se prive a Quiles del acceso privilegiado que conlleva la acreditación parlamentaria.
En el escrito remitido a Armengol, la formación morada subraya la “actitud reiterativa” de Quiles —a quien califican de “agitador ultra”— y su capacidad para bloquear la actividad periodística normal en las instalaciones del Congreso. Reclaman también que se tenga en cuenta la “obstrucción al correcto desarrollo de la actividad de la cámara” como motivo suficiente para retirar su acreditación, insistiendo en que no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de proteger un derecho constitucional: el acceso de la ciudadanía a una información plural y veraz.
El debate sobre la acreditación de Quiles se ha visto alimentado por incidentes anteriores en los que no solo él, sino también otros comunicadores vinculados al entorno de la extrema derecha, han protagonizado escenas polémicas en espacios reservados para la prensa. No es la primera vez que colectivos profesionales, como la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) o incluso la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), han expresado su preocupación por la presencia en la Cámara de personas que, sin cumplir criterios periodísticos claros, utilizan su estatus para confrontar y entorpecer a quienes sí ejercen el oficio bajo códigos deontológicos.
Precisamente, la FAPE llegó a rechazar respaldar a Quiles en un conflicto personal con el ministro Óscar Puente, alegando que no tenía la condición de periodista en activo y que, de hecho, habría vulnerado en múltiples ocasiones el código profesional que rige a quienes se dedican a la información. En ese comunicado, la federación lamentaba la crispación constante y hacía un llamado a políticos y comunicadores a rebajar los niveles de enfrentamiento y respeto mutuo.
En paralelo a estos debates, la Mesa del Congreso ha puesto en marcha un grupo de trabajo para revisar los criterios de acreditación de prensa, con la intención de definir normas más estrictas que eviten que personas sin una trayectoria periodística sólida o con claros vínculos políticos utilicen el acceso para fines distintos a la cobertura informativa. Esta revisión responde tanto a las quejas de partidos como de profesionales, y avanza en la línea de intentar conciliar el respeto a la libertad de expresión con la necesidad de garantizar condiciones óptimas para el ejercicio del periodismo en la institución.
Podemos, en su reclamación, apela a esa doble dimensión: garantizar un periodismo libre y sin obstáculos, y evitar que comportamientos disruptivos se traduzcan en un menoscabo del derecho colectivo a estar informados.





.png)



COMMENTS