Polémica en Perú por las declaraciones del nuevo presidente interino sobre relaciones entre menores y adultos

Las primeras horas de mandato de José María Balcázar Zelada , elegido este mismo día como presidente interino de Perú, han quedado marcadas ...

Las primeras horas de mandato de José María Balcázar Zelada, elegido este mismo día como presidente interino de Perú, han quedado marcadas por una fuerte controversia política y social tras unas declaraciones realizadas al ser consultado por la legislación que busca prohibir el matrimonio entre personas menores de edad. En respuesta a una pregunta directa sobre el alcance de la norma, el nuevo jefe del Ejecutivo afirmó que “de 14 para arriba no hay ningún impedimento” y añadió que, según su criterio, “todos tienen relaciones sexuales, profesores con alumnos, maestras con alumnos, entre alumnos también, eso está bien”.

Las palabras del mandatario generaron una reacción inmediata en el arco político, en organizaciones de protección de la infancia y en amplios sectores de la opinión pública, que interpretaron sus expresiones como una normalización de conductas que en el ordenamiento jurídico peruano constituyen delitos graves, especialmente cuando involucran a adultos y menores de edad. La frase fue difundida rápidamente por redes sociales y medios de comunicación, amplificando la polémica y situando el debate sobre la protección de niños y adolescentes en el centro de la agenda nacional.

El contexto de la pregunta estaba relacionado con la discusión legislativa sobre una reforma destinada a eliminar cualquier excepción que permita el matrimonio infantil o adolescente, una práctica que, aunque cada vez menos frecuente, todavía encuentra resquicios legales en determinados supuestos. En el Congreso se venía trabajando en un proyecto para cerrar definitivamente esa posibilidad y alinear la normativa peruana con estándares internacionales de derechos humanos y protección de la infancia.

Tras la difusión de las declaraciones, varios congresistas de distintas bancadas reclamaron una aclaración urgente por parte del presidente interino. Dirigentes políticos advirtieron que el mensaje transmitido resulta especialmente delicado en un país que enfrenta problemas estructurales vinculados al abuso sexual de menores, al embarazo adolescente y a la violencia en el ámbito escolar y familiar. Desde el propio Congreso de la República del Perú se anunció que se evaluará convocar al Ejecutivo para que precise su posición institucional sobre la reforma legal y las políticas de protección de la niñez.

Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia señalaron que las expresiones de Balcázar Zelada pueden contribuir a trivializar situaciones de abuso y a confundir a la ciudadanía respecto de los límites legales existentes. Recordaron que cualquier relación de carácter sexual entre un adulto y un menor constituye un delito, independientemente de la edad mínima para el consentimiento establecida en otras normas, y subrayaron que la autoridad política tiene la responsabilidad de transmitir mensajes claros que refuercen la prevención y la denuncia.

En el plano jurídico, especialistas consultados por medios locales explicaron que el debate sobre la edad mínima para contraer matrimonio es distinto al régimen penal que regula los delitos sexuales. Según remarcaron, incluso en los países donde existe una edad mínima de consentimiento, las relaciones entre docentes y alumnos, o entre personas que ejercen una posición de autoridad y menores, están agravadas por el abuso de poder y la vulnerabilidad de la víctima. Por ello, afirmaron que las declaraciones del presidente interino mezclan conceptos legales distintos y pueden inducir a interpretaciones erróneas.

Desde el entorno del nuevo mandatario se intentó matizar posteriormente el alcance de sus palabras, señalando que no pretendía justificar conductas ilegales, sino describir una realidad social que, a su juicio, existe en determinados entornos. Sin embargo, estas explicaciones no lograron frenar la ola de críticas ni la preocupación por el mensaje transmitido en un momento especialmente sensible para el país.

La controversia se produce además en un contexto político frágil, con una presidencia interina sometida a un fuerte escrutinio público y con una ciudadanía que reclama señales claras de compromiso con los derechos fundamentales. Analistas políticos coinciden en que este episodio puede debilitar de forma temprana la legitimidad del nuevo jefe del Estado y complicar su relación con el Congreso y con los actores sociales.

Mientras tanto, el debate sobre la prohibición del matrimonio infantil continúa su curso parlamentario y se espera que en los próximos días se intensifiquen las presiones para que el Ejecutivo respalde de manera explícita la reforma. Para muchos sectores, lo ocurrido ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la formación y la sensibilidad institucional en materia de protección de menores, especialmente en los más altos niveles del poder político.