Sánchez adelanta la desclasificación de los documentos del 23-F para “saldar una deuda histórica”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado este lunes, en el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero ...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, en el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que el Ejecutivo aprobará mañana, martes, la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con aquellos hechos, una medida que el propio jefe del Ejecutivo ha definido como una forma de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. 

Sánchez ha hecho público el anuncio a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que “la memoria no puede estar bajo llave” y ha defendido que las democracias necesitan conocer su pasado para poder construir “un futuro más libre”. En un tono que mezcla reivindicación democrática y compromiso con la transparencia, ha dado las gracias a “quienes abrieron camino” en los años de transición a la democracia en España. 

Según fuentes de Moncloa consultadas por los medios, la desclasificación se hará efectiva a partir del próximo miércoles 25 de febrero, cuando el acuerdo del Consejo de Ministros se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, la documentación estará accesible para toda la ciudadanía en la página web oficial de La Moncloa, facilitando su consulta directa a investigadores, historiadores, medios de comunicación y cualquier persona interesada en consultar estos archivos. 

El material que se hará público incluye una serie de documentos vinculados al 23-F que hasta ahora permanecían clasificados. Entre ellos, según las mismas fuentes, se encuentran el sumario completo del juicio celebrado tras la intentona golpista —custodiado por el Tribunal Supremo y compuesto por decenas de legajos con grabaciones y declaraciones— así como archivos del antiguo CESID (el servicio de inteligencia de la época), transcripciones de escuchas telefónicas y comunicaciones internas, e informes y comunicaciones entre instituciones como la Casa Real, La Moncloa y diferentes capitanías generales. 

La iniciativa del Gobierno se produce en un contexto en el que el propio Ejecutivo ha impulsado en los últimos años reformas en la normativa de secretos oficiales para adaptarla a los tiempos actuales y sustituir la legislación franquista que, desde 1968, permitía que gran parte de la documentación permaneciera bajo secreto por defecto. El proyecto de Ley de Información Clasificada, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, contempla la desclasificación automática de documentos tras ciertos plazos —hasta 45 años para los clasificados como “alto secreto”— salvo excepciones debidamente justificadas. 

La decisión ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado el anuncio calificándolo de “cortina de humo” y señalando que se trata de una maniobra del Gobierno en un contexto político tenso. Otros actores políticos y asociaciones han valorado la medida positivamente como un acto de apertura histórica y reconocimiento de la importancia de la memoria democrática. 

Con esta decisión, el Ejecutivo pretende no solo poner a disposición del público una parte sustancial de la documentación relacionada con uno de los episodios más significativos de la historia democrática reciente de España, sino también reforzar la transparencia institucional y el acceso a la información pública. La expectación gira ahora en torno a la publicación oficial de estos archivos y a las posibles nuevas lecturas e interpretaciones que puedan surgir una vez que queden al alcance de todos.