Una nueva información publicada en exclusiva por el medio TO sostiene que Marruecos habría aprovechado un viaje oficial del presidente del ...
Una nueva información publicada en exclusiva por el medio TO sostiene que Marruecos habría aprovechado un viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad autónoma de Ceuta en mayo de 2021 para infectar su teléfono móvil con el programa de espionaje Pegasus. Según esta versión, el ataque se habría producido durante una visita institucional en la que Sánchez estuvo acompañado por el entonces ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un momento de máxima tensión diplomática entre España y Rabat.
De acuerdo con la citada información, los servicios de inteligencia marroquíes habrían utilizado la infraestructura técnica desplegada en el marco de ese desplazamiento oficial para introducir el software espía en el dispositivo del presidente. El medio asegura que la operación se habría llevado a cabo sin que el entorno del jefe del Ejecutivo detectara anomalías en tiempo real, y que el acceso al terminal permitió la posible extracción de datos sensibles y comunicaciones privadas.
La publicación de este extremo se enmarca en el contexto del conocido caso Pegasus, que ya en 2022 reveló que los teléfonos de Pedro Sánchez y de varios miembros del Gobierno habían sido infectados por este software de origen israelí. En aquel momento, el Ejecutivo reconoció oficialmente que los dispositivos del presidente y de la ministra de Defensa habían sufrido intrusiones, aunque nunca se identificó públicamente al responsable de los ataques.
La novedad que introduce ahora la información de TO es la atribución directa de la supuesta operación a Marruecos y la localización concreta del momento en que se habría producido la infección, situándola durante la visita oficial a Ceuta, un territorio especialmente sensible en las relaciones bilaterales. En mayo de 2021, España atravesaba una de las mayores crisis diplomáticas con Rabat tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, un episodio que tensó gravemente los contactos políticos entre ambos gobiernos.
Según la versión publicada, la cercanía física de los dispositivos oficiales a infraestructuras de comunicaciones bajo control marroquí habría facilitado la intrusión. El software Pegasus, diseñado para infiltrarse en teléfonos móviles sin necesidad de interacción por parte del usuario, permite acceder a mensajes, llamadas, fotografías y aplicaciones cifradas, además de activar de forma remota micrófonos y cámaras.
Fuentes del Gobierno, por el momento, no han confirmado ni desmentido específicamente esta información, más allá de recordar que la investigación judicial sobre las infecciones continúa bajo secreto en algunos de sus aspectos. En el Ejecutivo insisten en que, hasta ahora, no existe una atribución oficial de responsabilidad a ningún Estado extranjero y que las pesquisas se desarrollan tanto en el ámbito judicial como en el de los servicios de inteligencia.
El caso vuelve a poner el foco sobre la dimensión política y diplomática del espionaje digital y sobre la fragilidad de las comunicaciones de altos cargos, incluso cuando se utilizan dispositivos protegidos por los sistemas de seguridad del Estado. La hipótesis de que un país aliado o socio estratégico en determinadas áreas pueda estar detrás de una operación de este tipo tendría consecuencias de gran alcance en las relaciones bilaterales.
Desde el ámbito político, distintos grupos han reclamado en anteriores ocasiones una investigación más profunda y explicaciones públicas sobre el alcance real de las intrusiones sufridas por miembros del Gobierno. La aparición de informaciones que señalan directamente a Marruecos reabre el debate sobre la gestión de la crisis del espionaje y sobre la respuesta que España debería dar en el plano diplomático si se confirmara una implicación directa de Rabat.
Por ahora, la versión difundida por TO se suma a una larga lista de hipótesis que rodean el caso Pegasus en España. La determinación de quién estuvo detrás de la infección del móvil del presidente sigue siendo uno de los principales interrogantes pendientes, y su aclaración podría tener un impacto significativo tanto en la política interior como en la política exterior del Gobierno.





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