Venezuela promete liberar a todos los presos políticos la próxima semana

La Asamblea Nacional de Venezuela , controlada por el partido socialista y en pleno proceso de aprobación de una ley de amnistía , ha asegur...

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido socialista y en pleno proceso de aprobación de una ley de amnistía, ha asegurado que todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país serán liberados entre el próximo martes y el viernes, una vez que la legislación reciba su segunda y definitiva aprobación. La promesa la hizo este viernes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, durante un encuentro con familiares de detenidos en el comando policial “Zona 7” en Caracas, donde insistió en que la liberación será inmediata y simultánea al momento en que la ley quede formalmente promulgada. 

Rodríguez, quien también encabeza la comisión parlamentaria que impulsa la iniciativa, explicó que la amnistía fue aprobada en primera lectura y que la segunda discusión está programada para el martes, después de lo cual entraría en vigor. “Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, afirmó ante las madres, esposas y otros familiares que días atrás se habían instalado en vigilias frente a centros de detención para demandar la liberación de sus seres queridos. 

El proyecto de ley de amnistía, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez —hermana de Jorge Rodríguez—, busca perdonar delitos políticos, incluyendo protestas, expresiones de crítica al Gobierno y otras acciones consideradas “políticas” bajo el régimen chavista de las últimas décadas. Según los impulsores del texto, la amnistía se enmarca en un proceso de reconciliación nacional tras años de conflictividad y tensiones internas. 

Durante las últimas semanas ya se habían producido excarcelaciones parciales de personas consideradas presos políticos. La ONG Foro Penal, que monitorea detenciones por motivos políticos, confirmó que desde principios de enero se han liberado al menos 302 personas, aunque la cifra varía según diferentes fuentes y los propios familiares de detenidos. A pesar de estos avances, aún quedarían cientos de personas encarceladas, muchos de ellos acusados bajo cargos como “terrorismo”, “traición” o delitos graves que, según organizaciones de derechos humanos, se utilizan para frenar la disidencia. 

La promesa de una liberación masiva ha generado expectativas entre los familiares reunidos en vigilias y en grupos de apoyo social, que llevan semanas demandando justicia y el retorno de sus seres queridos. Las condiciones de detención denunciadas incluyen falta de acceso adecuado a atención médica, aislamiento prolongado y procesos judiciales que no cumplen con estándares internacionales de debido proceso, según testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos. 

No obstante, también han surgido voces críticas e inquietudes en torno al alcance y garantías de la amnistía. Diputados opositores han solicitado que la ley incluya cláusulas que aseguren que los liberados no enfrenten represalias ni obstáculos para reincorporarse a la vida cívica y política del país, así como la necesidad de establecer mecanismos claros de protección para quienes queden amnistiados. 

La iniciativa de amnistía y la promesa de liberar a todos los presos políticos también se dan en un contexto político complejo, en el que Venezuela intenta dar pasos hacia un proceso de apertura tras años de tensiones internas y presiones externas. En el último mes, figuras internacionales, como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, han visitado Caracas para apoyar esfuerzos de diálogo y reconciliación, mientras que grupos civiles han intensificado sus protestas y peticiones de justicia. 

Aunque muchos celebran la posibilidad de ver a decenas de personas recuperando su libertad en cuestión de días, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición observan con cautela, señalando que la implementación de la amnistía y la protección de los derechos de los liberados requerirán vigilancia continua y compromisos claros por parte del Estado venezolano.