La Policía ha detenido a dos hermanos de 69 y 71 años en la ciudad de Elda tras descubrir que presuntamente empadronaban a ciudadanos extra...
La Policía ha detenido a dos hermanos de 69 y 71 años en la ciudad de Elda tras descubrir que presuntamente empadronaban a ciudadanos extranjeros en su domicilio a cambio de pagos de aproximadamente 650 euros. La investigación reveló que en la vivienda figuraban registradas hasta 28 personas que en realidad no residían allí, una práctica que habría sido utilizada para facilitar el acceso a determinados servicios públicos, entre ellos la tarjeta sanitaria.
La operación policial se llevó a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Elda, que detectó irregularidades en los datos del padrón municipal. Los responsables del consistorio observaron un número inusualmente elevado de personas empadronadas en la misma dirección, lo que levantó sospechas y motivó la intervención de las fuerzas de seguridad para comprobar la situación.
El padrón municipal es un registro administrativo en el que constan los vecinos que residen en un municipio y constituye un requisito fundamental para acceder a diversos servicios públicos en España. Entre otros derechos, el empadronamiento permite a los residentes acreditar su domicilio habitual, acceder a la asistencia sanitaria pública, escolarizar a los menores o realizar determinados trámites administrativos.
Según los investigadores, los detenidos habrían aprovechado este sistema para ofrecer empadronamientos ficticios a personas extranjeras que necesitaban acreditar una dirección en España. A cambio del pago de unos 650 euros, los interesados podían figurar oficialmente como residentes en la vivienda de los hermanos, aunque en realidad vivieran en otros lugares o incluso en otras ciudades.
Las pesquisas apuntan a que esta práctica pudo haberse prolongado durante un periodo considerable de tiempo. La presencia de 28 personas registradas en una sola vivienda fue uno de los indicios que llevó a iniciar la investigación, ya que el número superaba ampliamente lo que se considera habitual para un domicilio de esas características.
Durante el desarrollo de la operación, los agentes recopilaron documentación y tomaron declaración a varias personas relacionadas con el caso para determinar cómo funcionaba el sistema y cuántos beneficiarios pudo tener. Las autoridades también investigan si los empadronamientos fraudulentos se utilizaron para obtener otros beneficios administrativos además de la tarjeta sanitaria, como el acceso a ayudas sociales o la regularización de determinados trámites migratorios.
La policía señala que este tipo de fraudes administrativos no solo constituye una infracción legal, sino que también puede afectar al funcionamiento de los servicios públicos, ya que los datos del padrón son utilizados por las administraciones para planificar recursos sanitarios, educativos y sociales en función del número real de habitantes de cada municipio.
Tras su detención, los dos hermanos quedaron a disposición judicial mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles del caso. No se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones si se confirma que otras personas participaron en la organización o se beneficiaron de manera consciente del sistema fraudulento.
Las autoridades recuerdan que el empadronamiento debe reflejar el lugar real de residencia de cada persona y que facilitar direcciones falsas con fines administrativos puede constituir un delito. En este sentido, destacan la importancia de la colaboración entre administraciones locales y fuerzas de seguridad para detectar irregularidades en los registros y evitar abusos en el acceso a servicios públicos.





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