El «caso Plus Ultra» regresa a la Audiencia Nacional y pone bajo lupa el rescate de 53 millones y los posibles vínculos con una trama de blanqueo

El polémico expediente judicial sobre el rescate público concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas ha sido nuevamente asumido por Audiencia Naci...

El polémico expediente judicial sobre el rescate público concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas ha sido nuevamente asumido por Audiencia Nacional después de que la causa, que investiga el uso de 53 millones de euros otorgados por el Gobierno durante la pandemia de COVID-19, volviera al ámbito de este tribunal central tras la inhibición de un juzgado de Madrid. El magistrado José Luis Calama deberá decidir ahora de forma definitiva si asume la instrucción de la causa y si procede levantar el secreto sumarial que cubre gran parte de las diligencias en marcha.

El origen de la investigación se remonta a denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, que detectó posibles indicios de un «uso indebido» de los fondos públicos destinados al rescate de la aerolínea, así como la posible vinculación de esas cantidades con una estructura de blanqueo de capitales con ramificaciones en varios países europeos y en Venezuela. Esa hipótesis, reforzada por solicitudes de cooperación internacional desde Francia y Suiza, llevó a la reapertura del caso tras un archivo inicial por errores procesales en 2023.

La Fiscalía sostiene que parte de los 53 millones concedidos al grupo aéreo podrían haberse desviado para operaciones que nada tenían que ver con la finalidad de garantizar la continuidad de la empresa durante la crisis de la pandemia. Entre las pistas investigadas se encuentran pagos canalizados a través de sociedades interpuestas y contratos de préstamo con empresas vinculadas a redes que estarían operando en España, Francia y Suiza, presuntamente como parte de una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos públicos y oro procedente de Venezuela.

En el centro del foco mediático está también la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo papel como posible mediador para facilitar el rescate ha sido objeto de fuertes cuestionamientos políticos y judiciales. Zapatero ha negado cualquier participación indebida en la concesión de los fondos, defendiendo que su relación con personas implicadas, incluida su labor como consultor en ciertas empresas, se limitó a trabajos profesionales legítimos y no influyó de forma alguna en la aprobación del rescate.

El caso se ha convertido en un tema recurrente en debates parlamentarios y mediáticos. El propio Zapatero fue citado a comparecer en una comisión del Senado para responder por su supuesta implicación, donde insistió en que nunca facilitó el rescate ni ejerció presión alguna sobre el Gobierno para su concesión. También admitió haber trabajado como consultor para una de las empresas relacionadas con la aeronáutica, aunque sostuvo que todas sus actividades fueron declaradas fiscalmente y se ajustaron a la legalidad.

Tras el regreso del caso a la Audiencia Nacional, las defensas de los investigados han planteado recursos para intentar anular la causa, alegando defectos de forma y argumentando que la reanudación de la investigación y su traslado de competencia podrían vulnerar plazos y procedimientos establecidos. Estas alegaciones se discuten ahora en la órbita judicial mientras se decide el encauzamiento definitivo de la causa.

Entre los imputados en la causa figuran altos cargos de la aerolínea y empresarios vinculados a las estructuras societarias que actuaron en la recepción y posible redistribución de los fondos. Varios de ellos, incluidos el presidente de Plus Ultra, su consejero delegado y un empresario amigo de Zapatero, han sido detenidos en operaciones policiales pasadas, aunque quedaron en libertad con medidas cautelares tras declarar ante la justicia.

La investigación seguirá bajo secreto de sumario, por lo que muchos detalles operativos y conclusiones preliminares no han sido revelados al público. La decisión del juez Calama sobre su competencia y el eventual levantamiento del secreto marcarán el siguiente capítulo de un caso que combina cuestiones de derecho penal, política y rendición de cuentas públicas, y que continúa generando intenso debate sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en los rescates concedidos durante la pandemia.