Las nuevas tobilleras antimaltrato despiertan alarma por posibles fallos técnicos y riesgos para las víctimas

La asociación feminista granadina La Volaera , especializada en la atención directa a mujeres víctimas de violencia machista, ha vuelto a en...

La asociación feminista granadina La Volaera, especializada en la atención directa a mujeres víctimas de violencia machista, ha vuelto a encender las alarmas sobre los dispositivos tecnológicos que el Estado utiliza para proteger a las mujeres con órdenes de alejamiento. Tras haber advertido en junio de 2024 de deficiencias en las pulseras antimaltrato actualmente en uso, la entidad sostiene ahora que los nuevos dispositivos que deben sustituirlas —tobilleras electrónicas de control telemático— también presentan posibles errores graves que podrían afectar tanto a la eficacia del sistema como a la salud y seguridad de las usuarias.

La advertencia fue revelada por el periodista Marcos Ondarra, quien tuvo acceso a información trasladada por la propia asociación y por profesionales que trabajan con mujeres en situación de alto riesgo. Según La Volaera, los nuevos sistemas de control, aún en fase de implantación progresiva, no ofrecen garantías suficientes frente a fallos de funcionamiento, interrupciones de señal o errores en la transmisión de datos de geolocalización, aspectos clave para que las fuerzas de seguridad puedan reaccionar con rapidez cuando se incumple una orden judicial.

La polémica se produce en un contexto especialmente sensible, después de que el propio sector asistencial denunciara en los últimos años incidencias reiteradas con los dispositivos de seguimiento, como pérdidas de cobertura, retrasos en la emisión de alertas o fallos en los sistemas de aviso a las víctimas cuando el agresor se aproxima. Para las entidades que trabajan sobre el terreno, estos problemas no son simples incidencias técnicas, sino fallos que pueden tener consecuencias directas sobre la vida de las mujeres.

Las nuevas tobilleras forman parte de un contrato licitado por el Ministerio de Igualdad, con un importe inicial de 71 millones de euros, ampliable hasta los 111 millones, destinado a renovar por completo el sistema de control telemático de agresores en casos de violencia de género. El objetivo oficial del contrato es modernizar la tecnología, aumentar la fiabilidad de los dispositivos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Sin embargo, según La Volaera, los nuevos equipos podrían presentar defectos de diseño que van más allá de la fiabilidad de las comunicaciones. La asociación alerta de posibles problemas de ergonomía, materiales y funcionamiento que, en determinadas circunstancias, podrían «afectar a la salud e integridad de las usuarias», una expresión que apunta tanto a reacciones físicas adversas como a situaciones de estrés añadido provocadas por dispositivos incómodos, mal ajustados o con sistemas de aviso poco claros.

Las entidades que acompañan a mujeres con medidas judiciales de protección insisten en que la tecnología es un apoyo importante, pero nunca puede convertirse en un factor adicional de inseguridad. Subrayan que muchas víctimas ya viven en un estado de alerta constante y que cualquier error en el sistema, aunque sea puntual, puede provocar un aumento de la ansiedad, una falsa sensación de protección o, en el peor de los casos, una ausencia de aviso en un momento crítico.

Otro de los aspectos que preocupa especialmente a los colectivos feministas es la falta de transparencia sobre las pruebas reales de funcionamiento de los nuevos dispositivos antes de su despliegue masivo. Reclaman auditorías técnicas independientes, ensayos en escenarios reales y la participación de profesionales del ámbito social y psicológico en la evaluación de los sistemas, para comprobar que su uso no genera efectos secundarios sobre la salud física o emocional de las mujeres.

Desde La Volaera recuerdan que las pulseras y tobilleras antimaltrato no son un simple instrumento de control, sino una herramienta de protección que debe funcionar con márgenes de error mínimos. En su opinión, el volumen de inversión pública comprometido obliga a extremar la supervisión técnica y a corregir cualquier deficiencia antes de que los dispositivos se conviertan en el estándar nacional.

El debate reabre una cuestión de fondo: hasta qué punto el sistema de protección de las víctimas de violencia machista está siendo diseñado teniendo en cuenta no solo criterios tecnológicos y presupuestarios, sino también la experiencia directa de las mujeres que dependen de estos dispositivos para sentirse seguras en su vida cotidiana.