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El Gobierno de España ha diseñado un mecanismo específico para facilitar que los inmigrantes en situación irregular puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales, uno de los requisitos clave para acogerse al proceso de regularización extraordinaria previsto. La medida contempla la intervención directa de la administración para ayudar a los solicitantes a obtener la documentación necesaria cuando existan dificultades para conseguirla desde sus países de origen.
El procedimiento establece un calendario detallado. En primer lugar, los interesados dispondrán de un plazo inicial de un mes para solicitar los certificados de antecedentes penales a las autoridades de sus respectivos países. Durante este periodo, deberán iniciar los trámites habituales por su cuenta, utilizando los canales administrativos o consulares disponibles. El objetivo es que la responsabilidad inicial recaiga en los propios solicitantes, pero sin que la falta de respuesta de las administraciones extranjeras impida continuar el proceso.
Si transcurrido ese primer mes los documentos no han sido obtenidos, será el propio Ejecutivo quien intervenga. La administración española activará entonces un procedimiento de solicitud directa a través de vías diplomáticas, contactando con los países correspondientes para intentar obtener la certificación. Este segundo periodo tendrá una duración de tres meses, durante los cuales se canalizarán las peticiones mediante embajadas, consulados y mecanismos de cooperación administrativa internacional.
El diseño del sistema pretende evitar que los retrasos burocráticos o las dificultades en los países de origen frustren la regularización de personas que cumplen el resto de condiciones. El Gobierno considera que muchos solicitantes encuentran obstáculos para obtener estos certificados, especialmente cuando las instituciones de sus países no responden con rapidez o cuando los procedimientos administrativos son complejos. La intervención diplomática busca reducir esas barreras y acelerar la llegada de la documentación.
Una vez finalizado el plazo de tres meses, si los certificados aún no han sido recibidos, el interesado dispondrá de un periodo adicional de quince días para intentar conseguirlos por su cuenta. Este último margen se plantea como una oportunidad final antes de resolver definitivamente cada expediente. En caso de que la documentación no se presente tras ese plazo adicional, el solicitante no podrá continuar en el proceso de regularización.
Además del requisito relativo a los antecedentes penales, la norma establece otras condiciones que se consideran más accesibles. Los aspirantes deberán demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que han permanecido en el país al menos cinco meses. También deberán acreditar que no representan una amenaza para el orden público o la seguridad. Estos criterios buscan delimitar el alcance del proceso y garantizar que se dirige a personas con presencia efectiva en el territorio.
La regulación introduce asimismo tres posibles vías para justificar el arraigo o la situación personal. Los solicitantes podrán optar por demostrar alguna vinculación laboral, acreditar que residen junto a su unidad familiar —especialmente si incluye hijos menores o dependientes— o justificar una situación de vulnerabilidad reconocida. La inclusión de estas alternativas pretende abarcar diferentes realidades y facilitar el acceso al proceso a perfiles diversos.
El papel activo del Ejecutivo en la obtención de certificados constituye uno de los elementos más relevantes del procedimiento. La administración asumirá una función mediadora para asegurar que la falta de documentos no sea un obstáculo insalvable. Esta intervención requerirá coordinación entre ministerios, servicios consulares y autoridades extranjeras, así como la gestión de un volumen considerable de solicitudes.
La medida también implica la creación de circuitos administrativos específicos para tramitar las peticiones diplomáticas. Los expedientes deberán incluir información detallada sobre cada solicitante, permitiendo a las autoridades extranjeras localizar los registros correspondientes. Este proceso exigirá recursos adicionales y una planificación logística para evitar retrasos.
El sistema diseñado refleja la intención de impulsar una regularización amplia, facilitando que quienes cumplen los requisitos puedan completar el procedimiento. Al mismo tiempo, mantiene la exigencia del certificado como condición indispensable, lo que obliga a cumplir con los plazos establecidos. La combinación de responsabilidad individual y apoyo institucional configura un modelo que busca equilibrar control y accesibilidad.
La aplicación de esta medida marcará una fase decisiva del proceso de regularización. La intervención del Gobierno en la obtención de antecedentes penales pretende garantizar que los trámites no queden bloqueados por factores externos, al tiempo que se mantiene la verificación de los requisitos. El desarrollo del procedimiento determinará el alcance final de la regularización y el número de personas que podrán acceder a la residencia legal.
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