El Gobierno impulsa la regularización extraordinaria de inmigrantes mediante decreto avalado por el Consejo de Estado

El Gobierno ha dado un paso decisivo para ejecutar una regularización extraordinaria de inmigrantes mediante la aprobación de un real decret...

El Gobierno ha dado un paso decisivo para ejecutar una regularización extraordinaria de inmigrantes mediante la aprobación de un real decreto que permitirá la legalización de cientos de miles de personas de forma inmediata. La medida ha sido presentada como jurídicamente sólida tras el informe favorable del Consejo de Estado, órgano consultivo que ha avalado la utilización de la vía reglamentaria para llevar a cabo el proceso sin necesidad de tramitar una ley específica en el Parlamento.

La titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que el procedimiento se ejecutará de manera inmediata una vez aprobado el texto en el Consejo de Ministros. Según explicó, el informe consultivo considera que la vía elegida respeta las garantías jurídicas necesarias y permite desarrollar la medida con rapidez. La ministra subrayó que el objetivo es dar respuesta a una situación que afecta a un número elevado de personas que residen en territorio español sin autorización administrativa.

El decreto establece una serie de requisitos para acogerse a la regularización. Entre ellos figura haber estado presente en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales. Además, se exige que los solicitantes no representen una amenaza para el orden público ni para la seguridad. Estos criterios, según el Ejecutivo, buscan delimitar el alcance del proceso y garantizar que se dirige a personas con arraigo reciente y sin incidencias legales.

La decisión de optar por un real decreto ha sido uno de los aspectos más destacados del anuncio. El uso de la vía reglamentaria permite acortar plazos y evitar el trámite parlamentario habitual que conlleva la aprobación de una ley. Desde el Gobierno se defiende que esta fórmula es adecuada para dar una respuesta rápida y eficaz, mientras que se subraya que el aval del Consejo de Estado refuerza la seguridad jurídica del procedimiento.

El plan prevé que las solicitudes puedan tramitarse de manera ágil una vez que el decreto entre en vigor. La administración deberá habilitar mecanismos para recibir y procesar un volumen elevado de peticiones, lo que implicará reforzar los servicios encargados de extranjería. El proceso incluirá la verificación de documentación que acredite la presencia en el país, la ausencia de antecedentes y el cumplimiento del resto de condiciones establecidas.

La regularización extraordinaria supone que quienes obtengan la autorización podrán acceder a la residencia legal, con los derechos y obligaciones que ello conlleva. Entre ellos se encuentran la posibilidad de trabajar, cotizar al sistema de Seguridad Social y acceder a determinados servicios públicos. El Ejecutivo ha señalado que la medida también contribuirá a aflorar economía sumergida y a mejorar la integración laboral de los beneficiarios.

El decreto también contempla mecanismos de control para evitar fraudes. Las autoridades revisarán la documentación aportada y podrán requerir información adicional cuando sea necesario. Asimismo, se prevé la coordinación entre distintas administraciones para verificar los datos relativos a antecedentes y seguridad. El objetivo es asegurar que el procedimiento se aplique conforme a los criterios establecidos.

Desde el Gobierno se insiste en que la regularización responde a una realidad social y administrativa que requiere una solución extraordinaria. El Ejecutivo considera que la existencia de un número significativo de personas en situación irregular dificulta su integración y genera problemas tanto para los propios afectados como para el mercado laboral. Con esta medida se pretende ofrecer una vía legal que permita normalizar su situación.

La aprobación del decreto marca el inicio de una fase operativa en la que se definirán los plazos concretos y los canales de solicitud. La administración tendrá que gestionar un volumen considerable de expedientes en un periodo reducido, lo que supone un reto organizativo. Aun así, el Ejecutivo ha manifestado su intención de agilizar el procedimiento para que la regularización tenga efectos en el menor tiempo posible.

El anuncio pone de relieve la voluntad del Gobierno de utilizar instrumentos reglamentarios para implementar la medida con rapidez. La combinación del aval consultivo y la aprobación en el Consejo de Ministros permite activar el proceso sin esperar a una tramitación legislativa más prolongada. Con ello, la regularización extraordinaria entra en una fase decisiva que determinará su alcance y sus efectos en los próximos meses.