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La segunda semana del juicio por el denominado caso Mascarillas en el Tribunal Supremo ha estado marcada por declaraciones que han añadido nuevos elementos a la investigación y han intensificado el foco sobre las presuntas prácticas irregulares relacionadas con el entorno del exministro José Luis Ábalos. La sesión más relevante ha sido la protagonizada por Patricia Uriz, expareja de Koldo García, quien ha reconocido ante el tribunal que acudía a recoger sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE. Según su testimonio, estas cantidades se entregaban como reembolso de gastos tanto del propio Koldo como del exministro, y ha insistido en que los pagos se realizaban “siempre en efectivo”, una afirmación que ha despertado el interés de las acusaciones por la dificultad de rastrear este tipo de transacciones.
Uriz ha explicado que su papel se limitaba a recoger los sobres y entregarlos posteriormente, asegurando que no participaba en decisiones ni conocía el origen detallado de los fondos. No obstante, su declaración ha sido considerada relevante para reconstruir la dinámica interna del supuesto circuito de pagos y ha abierto la puerta a nuevas preguntas sobre la trazabilidad de los gastos y la existencia de controles. Durante el interrogatorio, también se le ha preguntado por la frecuencia de estas recogidas, a lo que respondió que se produjeron en varias ocasiones, aunque sin precisar fechas concretas, lo que añade cierta ambigüedad al relato.
Otro de los momentos destacados de la jornada ha sido la comparecencia del empresario Claudio Rivas Ruiz Capillas, quien optó por acogerse a su derecho a no declarar. Su silencio ha generado expectativas entre las partes, ya que su nombre aparece vinculado a la empresa Villafuel y a la supuesta obtención de una licencia de operador. Según testimonios previos, Rivas habría dado por hecho que dicha licencia se conseguiría gracias a gestiones atribuidas al entorno de Ábalos, lo que ha alimentado la hipótesis de posibles influencias. Sin embargo, al no responder a las preguntas del tribunal ni de las partes, estas cuestiones han quedado pendientes de contraste con otras pruebas y declaraciones.
También ha declarado el empresario Manuel Salles Carceller, quien ha confirmado que contrató temporalmente a Koldo García con el objetivo de facilitar contactos y abrir puertas en proyectos internacionales. Salles ha descrito esta colaboración como una práctica habitual en el ámbito empresarial, en la que se recurre a personas con experiencia o relaciones institucionales. Sin embargo, ha negado de forma tajante algunos de los extremos que se le atribuían, como la participación en viajes concretos o reuniones en Canarias. Según su versión, esas gestiones nunca se produjeron o no contaron con la intervención de Koldo, lo que introduce contradicciones con otros testimonios.
El desarrollo de estas declaraciones evidencia la complejidad del caso y la diversidad de versiones que el tribunal deberá analizar. Las acusaciones consideran que los testimonios refuerzan la existencia de un entramado de intermediación, mientras que las defensas subrayan la falta de pruebas concluyentes y la naturaleza indirecta de muchas afirmaciones. La causa continuará con nuevas comparecencias en los próximos días, en los que se espera que el tribunal profundice en la reconstrucción de los hechos y en la evaluación de la credibilidad de los testigos.
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