Alex Saab, exministro de Maduro, acusado en Miami de conspiración para lavar dinero de contratos estatales venezolanos

La Corte del Distrito Sur de Florida ha acusado formalmente al empresario colombo-venezolano Alex Nain Saab Morán , quien se desempeñó como ...

La Corte del Distrito Sur de Florida ha acusado formalmente al empresario colombo-venezolano Alex Nain Saab Morán, quien se desempeñó como ministro de Industrias y Producción Nacional durante el gobierno de Nicolás Maduro, de conspiración para realizar operaciones de lavado de dinero y ocultar el origen de fondos vinculados a contratos estatales venezolanos. Saab, de 55 años, compareció este lunes en una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela el pasado fin de semana, en un giro drástico de su controvertida trayectoria.

Según la acusación presentada por fiscales estadounidenses, Saab habría orquestado una amplia red internacional de lavado de dinero que involucra la corrupción y explotación del programa de ayuda alimentaria Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), diseñado para suministrar comida subsidiada a los venezolanos más vulnerables en medio de la grave crisis económica del país. En lugar de cumplir con el propósito humanitario, los recursos habrían sido desviados mediante sobornos a funcionarios públicos venezolanos, el uso de empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentos de envío falsificados. Parte de estos fondos ilícitos habrían transitado por el sistema financiero de Estados Unidos, lo que otorga jurisdicción a las autoridades de Miami.

Las investigaciones detallan que Saab y sus colaboradores supuestamente sobornaron a altos funcionarios para adjudicarse contratos millonarios de importación de alimentos, falsificando el origen de las mercancías (supuestamente provenientes de Colombia y México) y sobrevalorando los precios. Se estima que cientos de millones de dólares destinados a la compra de comida para la población fueron desviados para enriquecimiento personal. Además, la conspiración se habría ampliado entre 2019 y al menos enero de 2026, incorporando la venta ilegal de petróleo venezolano de PDVSA bajo esquemas fraudulentos para evadir sanciones estadounidenses y generar más recursos ilícitos, que luego se blanqueaban a través de bancos en EE.UU.

Este no es el primer encuentro de Saab con la justicia estadounidense. En 2019 fue imputado por un esquema de lavado de más de 350 millones de dólares relacionado con contratos de vivienda. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 mientras viajaba supuestamente como enviado diplomático a Irán, extraditado a Miami en 2021 y finalmente indultado por el presidente Joe Biden en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro. Tras su regreso a Venezuela, fue recibido como un héroe, obtuvo la ciudadanía venezolana y ascendió políticamente hasta ocupar el ministerio de Industrias en octubre de 2024. Su permanencia en el cargo fue breve; fue removido en enero de 2026 por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el contexto de cambios tras la captura de Maduro.

La deportación de Saab por parte de las autoridades venezolanas el 16 de mayo de 2026 marca un acercamiento pragmático del gobierno interino de Rodríguez con Washington. Funcionarios estadounidenses lo describen como un operador financiero clave del chavismo, con conocimiento profundo de las redes que movieron miles de millones a través de paraísos fiscales, empresas offshore y aliados en varios continentes. Analistas señalan que su testimonio podría ser valioso en investigaciones más amplias contra exfuncionarios del régimen, incluyendo posibles cargos de narcoterrorismo.

Saab compareció vestido con un mono carcelario ante la magistrada Marty Fulgueira Elfenbein y fue ordenado a permanecer en custodia federal. Enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si es condenado. Sus abogados han mantenido un bajo perfil, mientras que la defensa del acusado en el pasado argumentó inmunidad diplomática y persecución política, afirmaciones rechazadas por los tribunales estadounidenses.

Este caso ilustra las complejas intersecciones entre corrupción, sanciones internacionales y geopolítica en Venezuela. Para muchos venezolanos, simboliza la opacidad de los programas sociales que prometían alivio pero terminaron alimentando redes de enriquecimiento ilícito en medio de una emergencia humanitaria. Las autoridades estadounidenses han enfatizado que no permitirán el uso de su sistema financiero como refugio para proceeds de corrupción extranjera. El proceso judicial apenas comienza y podría extenderse por meses, con posibles implicaciones para la estabilidad política en Venezuela y las relaciones bilaterales con Estados Unidos.