Begoña Gómez solicita su absolución al juez Peinado al considerar que no cometió delito alguno en la causa por corrupción y tráfico de influencias

Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha presentado un escrito de defensa ante el juez Juan Carlos Peinado en ...

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de defensa ante el juez Juan Carlos Peinado en el que solicita formalmente su absolución en la investigación judicial que se sigue contra ella por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Según el documento remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, los hechos que se le atribuyen “no son constitutivos de delito alguno” y no existen indicios incriminatorios suficientes que justifiquen continuar el procedimiento ni, en su caso, abrir un juicio oral.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, argumenta en el escrito de conclusiones provisionales que la actuación de su representada se ha desarrollado siempre dentro de los límites legales y que su vinculación con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se remonta a 2012, años antes de que Pedro Sánchez accediera a la Presidencia del Gobierno. De esta forma, la defensa busca desmontar cualquier idea de aprovechamiento de una posición de influencia derivada del cargo de su marido. Gómez habría colaborado con la universidad de manera previa y legítima, sin que su posterior rol como esposa del presidente implicara irregularidades.

La causa, abierta en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, ha ido ampliándose con el tiempo. El juez Peinado ha incluido en la investigación cuestiones como las cartas de recomendación enviadas por Gómez en favor del empresario Juan Carlos Barrabés para contratos públicos con Red.es, la creación y gestión de una cátedra en la UCM, el uso supuestamente irregular de recursos de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el registro de un dominio web relacionado con el máster. Las acusaciones populares, entre las que se encuentran Hazte Oír, piden para ella penas que podrían alcanzar los 24 años de prisión. Sin embargo, tanto la Fiscalía Provincial de Madrid como la Fiscalía Europea han mostrado en diferentes momentos serias dudas sobre la existencia de indicios delictivos, solicitando en varias ocasiones el archivo de la causa.

En su escrito, la defensa no solo pide la libre absolución sino que también solicita la condena en costas a las acusaciones populares por actuar, a su juicio, con “temeridad y mala fe”. Según el abogado, estas partes habrían instrumentalizado el proceso penal con fines políticos, generando un clima de sospecha generalizada y daño reputacional más allá de la legítima persecución del delito. Se propone además una extensa lista de testigos, que incluye al rector de la UCM, Joaquín Goyache, empresarios como Rosauro Varo o Miguel Escassi, y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han elaborado informes en la causa.

Este movimiento de la defensa se produce después de que el juez Peinado propusiera juzgar a Gómez con jurado popular junto a su asesora y al empresario Barrabés. La Audiencia Provincial de Madrid debe ahora resolver los recursos pendientes, entre ellos los de la Fiscalía, que sigue defendiendo el sobreseimiento libre al no apreciar infracción penal en los hechos. La mera relación conyugal, según el Ministerio Público, no puede operar automáticamente como elemento de influencia delictiva.

El caso ha generado una fuerte polarización política y mediática desde su inicio. Mientras unos lo ven como un ejemplo de posible corrupción en las altas esferas del poder, otros lo interpretan como una persecución judicial y mediática orquestada contra la familia del presidente con motivaciones políticas. Begoña Gómez ha mantenido en todo momento su inocencia y ha destacado su trayectoria profesional independiente, ligada a la formación, el emprendimiento y la responsabilidad social antes y durante el mandato de su marido.

Con este escrito, la defensa busca cerrar definitivamente cualquier sombra de duda sobre la legalidad de las acciones de Gómez y evitar que el procedimiento avance hacia un juicio que, en su opinión, carecería de fundamento. La decisión final corresponderá a la Audiencia Provincial, que deberá valorar si existen elementos suficientes para celebrar el juicio o si, por el contrario, procede el archivo definitivo de las actuaciones. Mientras tanto, el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en el entorno de los altos cargos sigue abierto en la esfera política española.