Bolivia: Gobierno ordena detenciones de líderes indígenas y sindicales por “terrorismo” en medio de huelga contra el hambre

El gobierno boliviano ha intensificado la represión contra las protestas sociales al ordenar la detención de varios líderes indígenas y sin...

El gobierno boliviano ha intensificado la represión contra las protestas sociales al ordenar la detención de varios líderes indígenas y sindicales, a quienes acusa de delitos graves como terrorismo, financiamiento del terrorismo, asociación criminal e incitación a delitos. La medida se produce en el marco de la huelga general indefinida declarada el 1 de mayo por la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones indígenas y populares, que ya supera las dos semanas de duración y mantiene paralizados sectores clave del país. 

Entre los principales objetivos de las órdenes de aprehensión figura Justino Apaza Callisaya, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de La Paz (FEJUVE-La Paz), una organización clave en las movilizaciones urbanas de la región paceña. La orden contra Apaza fue emitida el 16 de mayo por la Fiscalía de La Paz. Otros dirigentes sindicales y vecinales también enfrentan procesos similares, incluyendo figuras como Mario Argollo de la COB. Las autoridades describen los bloqueos de carreteras, marchas y medidas de presión como “actividades terroristas organizadas” que atentan contra la seguridad del Estado y el libre tránsito. 

Las protestas tienen su origen en una profunda crisis económica y alimentaria que afecta a amplios sectores de la población boliviana. El aumento de precios de los combustibles, la escasez de dólares, la inflación y la falta de abastecimiento de alimentos básicos han generado un descontento generalizado. Lo que comenzó como demandas sectoriales —mejores salarios, derogación de ciertas medidas económicas y solución a la crisis del transporte— ha escalado hacia peticiones políticas más amplias, incluyendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz en algunos sectores. Los bloqueos se concentran especialmente en torno a La Paz, El Alto y rutas hacia Oruro, afectando el abastecimiento de las ciudades y las exportaciones mineras. 

Para el gobierno, estas movilizaciones representan una amenaza desestabilizadora orquestada por opositores y sectores afines al evismo. Las autoridades sostienen que los bloqueos y las paralizaciones no constituyen legítimas protestas sociales, sino acciones coordinadas para generar caos y presión indebida. La Fiscalía investiga presuntos financiamientos externos y vínculos que justificarían los cargos de terrorismo, una figura penal que organizaciones de derechos humanos han criticado frecuentemente en Bolivia por su uso amplio contra disidentes. 

Por su parte, los líderes sindicales e indígenas rechazan categóricamente las acusaciones y las califican de criminalización de la protesta social. Denuncian que el Ejecutivo responde con represión judicial ante su incapacidad para resolver la crisis del hambre y la economía. La huelga se mantiene firme en su tercera semana, con adhesiones de maestros, transportistas, mineros y organizaciones campesinas. En ciudades como El Alto se han registrado concentraciones masivas y enfrentamientos esporádicos con fuerzas del orden. 

Este conflicto pone de manifiesto las profundas divisiones en la sociedad boliviana. Mientras el gobierno llama al diálogo y promete medidas para mitigar la escasez, los sectores movilizados exigen respuestas concretas y urgentes a problemas que consideran estructurales. La utilización de cargos por terrorismo revive debates sobre el equilibrio entre el mantenimiento del orden público y el derecho a la manifestación. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos observan con preocupación la escalada, temiendo que las detenciones agraven la polarización y generen un ciclo de mayor violencia. 

Hasta el momento, la huelga no muestra signos de desconvocatoria y los bloqueos continúan, manteniendo la presión sobre el Palacio de Gobierno. El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de ambas partes para encontrar canales de negociación reales antes de que la situación humanitaria y económica se deteriore aún más.