Bolivia inicia juicio contra Evo Morales por presunta trata agravada de personas y relación con una menor

Un juzgado en la ciudad sureña de Tarija, Bolivia , dio inicio este lunes al juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito d...

Un juzgado en la ciudad sureña de Tarija, Bolivia, dio inicio este lunes al juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata agravada de personas. La Fiscalía acusa al líder indígena y exmandatario (2006-2019) de haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija en 2016, durante su último mandato presidencial. Según la acusación, los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de beneficios políticos y económicos, configurando el delito de trata.

De acuerdo con los detalles revelados por el Ministerio Público, los hechos se remontan a 2015, cuando la menor tenía 15 años. La relación habría derivado en el nacimiento de una niña al año siguiente. La investigación sostiene que los progenitores inscribieron a la adolescente en la denominada “guardia juvenil” promovida por Morales con el propósito de obtener favores y ascender políticamente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). La Fiscalía afirma contar con más de 170 pruebas, incluyendo documentos registrales como el certificado de nacimiento donde Morales figura como padre, testimonios y evidencias que vinculan los beneficios otorgados a la familia.

Los abogados del exmandatario han anunciado que Morales no asistirá al juicio, argumentando que no fue notificado de manera adecuada conforme a los procedimientos legales. El líder cocalero permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, desde octubre de 2024. Desde allí continúa activo en la escena política, participando en debates internos del MAS y manteniendo su influencia entre bases campesinas e indígenas. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija dispuso la realización de la audiencia pese a su ausencia, habiendo realizado las notificaciones mediante edictos.

Este proceso judicial revive una serie de escándalos que han perseguido a Morales desde el final de su larga presidencia. Durante años circularon rumores y denuncias sobre supuestas relaciones con jóvenes y menores, aunque en el pasado fueron minimizadas o archivadas por aliados políticos. La causa actual cobró fuerza tras la recuperación de evidencias en Tarija y se enmarca en un contexto de profunda división dentro del oficialismo boliviano. Morales disputa el liderazgo del MAS con el actual presidente Luis Arce, y sus detractores ven en estos juicios una oportunidad para limitar su retorno al poder, mientras sus seguidores denuncian una persecución política orquestada por el gobierno y opositores.

El caso también genera impacto internacional. En Argentina, la justicia reabrió investigaciones relacionadas con presuntas conductas similares durante su exilio. En Bolivia, el viceministerio de Régimen Interior ha mencionado la posibilidad de medidas coercitivas para garantizar su comparecencia, incluyendo coordinación con otros países. Para analistas, el juicio representa no solo un desafío legal para Morales, sino un test para la independencia judicial en un país marcado por la polarización y el fuerte protagonismo de figuras históricas en la política.

Mientras transcurre la audiencia en Tarija, las repercusiones políticas son inmediatas. Sectores afines al ex presidente convocaron movilizaciones y calificaron el proceso de “montaje”. Por su parte, organizaciones de defensa de derechos humanos y de la infancia han exigido que se garantice la protección de la presunta víctima y que el caso se resuelva con transparencia, sin interferencias políticas. El desarrollo del juicio podría extenderse por varias semanas, con la presentación de pruebas y testimonios que prometen mantener la atención nacional e internacional sobre uno de los líderes más controvertidos de América Latina en las últimas décadas. 

La ausencia de Morales en la sala no detiene el proceso, pero sí abre interrogantes sobre su legitimidad y las consecuencias políticas si se dicta una eventual sentencia condenatoria. Bolivia observa con expectativa un caso que combina justicia, poder y los límites éticos de la autoridad.