El hermano de Pedro Sánchez se sienta en el banquillo por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz

Dentro de diez días comenzará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio oral del conocido como caso Hermanísimo o caso David Sánchez,...

Dentro de diez días comenzará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio oral del conocido como caso Hermanísimo o caso David Sánchez, uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión política de los últimos tiempos en España. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el principal protagonista en el banquillo, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas.

La causa investiga la contratación de David Sánchez en julio de 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la provincia de Badajoz. Según la acusación, la plaza se creó de forma irregular, a medida para beneficiarle, aprovechando su relación familiar con quien en aquel momento era secretario general del PSOE y aspiraba de nuevo a la presidencia del partido tras su dimisión temporal en 2016. La jueza instructora Beatriz Biedma y la Audiencia Provincial han considerado que existen indicios suficientes de que el proceso de creación y adjudicación del puesto no siguió los procedimientos legales ordinarios de acceso al empleo público, lo que ha llevado a imputar a los principales acusados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia de Manos Limpias y ha acumulado una extensa investigación en la que intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se realizaron registros en la Diputación y se analizaron con detalle los plazos: la creación del puesto se paralizó cuando Pedro Sánchez dimitió como líder socialista y se reactivó coincidiendo con su regreso al frente del partido. David Sánchez, músico de formación, accedió al cargo tras un proceso selectivo que la acusación califica de simulado. Posteriormente, el puesto evolucionó a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según datos de la propia Diputación, percibió más de 340.000 euros brutos durante los años que ocupó el empleo, del que dimitió en febrero de 2025, cuando la investigación ya estaba avanzada.

El juicio oral se celebrará en varias sesiones entre el 28 y el 29 de mayo y del 1 al 4 de junio, tras aplazarse las fechas inicialmente previstas para febrero por incompatibilidades de agenda de las partes. La Audiencia rechazó los recursos de los acusados y confirmó el procesamiento al apreciar indicios de que David Sánchez se benefició de su parentesco y de que Gallardo, como presidente de la institución, habría permitido o impulsado las irregularidades. Gallardo, que fue candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, ha visto cómo este caso lastraba su trayectoria política, llegando incluso a renunciar a su acta de diputado autonómico para evitar que el procedimiento se elevara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Diversas acusaciones populares se han personado en la causa, entre ellas Hazte Oír, Manos Limpias, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, el Partido Popular y Vox. Su presencia amplifica el eco mediático y político del caso, que se ha convertido en un símbolo para la oposición de supuestas prácticas de favoritismo en administraciones gobernadas por el PSOE. La defensa de los acusados mantiene que el proceso fue legal, que David Sánchez se enteró de la oferta por internet y que cumplió con los requisitos, negando cualquier influencia indebida.

Este juicio no solo examinará la legalidad de una contratación concreta, sino que pone bajo el foco las dinámicas de poder en las instituciones provinciales y la posible utilización de cargos públicos para beneficiar a personas cercanas a líderes políticos. Con el hermano del presidente del Gobierno en el banquillo, el procedimiento adquiere una dimensión nacional y obligará a todas las partes a exponer sus argumentos ante la opinión pública. La sentencia, sea cual sea, tendrá un fuerte impacto en el debate sobre ética pública, meritocracia y transparencia en la Administración.