El juez de la Audiencia Nacional al frente de la investigación del caso Plus Ultra ha puesto el foco directamente sobre el Ministerio de S...
El juez de la Audiencia Nacional al frente de la investigación del caso Plus Ultra ha puesto el foco directamente sobre el Ministerio de Seguridad Social por su actuación en el rescate de la aerolínea. En un reciente auto, el magistrado muestra sus sospechas sobre cómo la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) emitió un certificado oficial en el que afirmaba que Plus Ultra estaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, cuando en realidad la compañía arrastraba una deuda significativa a la que se le había concedido un aplazamiento.
“Es compatible estar al corriente de pago con tener una deuda reconocida”, defendió en su momento el Ministerio. Sin embargo, el juez no parece compartir esta interpretación. En el auto judicial se destaca que el 20 de agosto de 2020, Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de deudas con la TGSS, a pesar de que la propia Tesorería, tras un requerimiento judicial, reconoció la existencia de una deuda pendiente. Esta contradicción ha despertado serias sospechas del instructor sobre posibles irregularidades administrativas que habrían facilitado la concesión del multimillonario rescate de 53 millones de euros durante la pandemia.
El caso adquiere mayor relevancia porque salpica directamente a José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y antecesor de Elma Saiz al frente del Ministerio de Seguridad Social (entonces llamado de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Según el auto, en plena negociación para conseguir un nuevo aplazamiento de la deuda tras la emisión del controvertido certificado, Escrivá almorzó con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una de las figuras centrales de la investigación.
Este encuentro ha sido interpretado por el juez como un posible indicio de tráfico de influencias, aunque fuentes próximas al actual gobernador del Banco de España niegan rotundamente cualquier relación entre el almuerzo y el caso Plus Ultra. Aseguran que se trató de una reunión sin ninguna vinculación con asuntos administrativos de la aerolínea y que Escrivá no intervino personalmente en la concesión del certificado ni en los aplazamientos de deuda.
La aerolínea, de capital venezolano y con conexiones investigadas en varios países, recibió el rescate público en un momento crítico de la crisis del COVID-19. Sin embargo, las pesquisas apuntan a que no cumplía todos los requisitos exigidos y que se habrían utilizado mecanismos administrativos flexibles —como este certificado— para justificar la ayuda. La investigación también indaga posibles comisiones y una red de influencias que habría beneficiado a personas cercanas al entorno de Zapatero.
Esta nueva línea de investigación refuerza las sospechas de que existió un trato preferencial hacia Plus Ultra. El juez Calama ha ordenado nuevas diligencias para aclarar el procedimiento interno seguido en la TGSS y si hubo instrucciones políticas para agilizar los trámites.
La oposición ha aprovechado el auto para arremeter contra el Gobierno. PP y VOX exigen explicaciones urgentes y consideran que se acumulan los indicios de una posible trama de corrupción que implicaría a altos cargos socialistas. Mientras, el Ministerio de Seguridad Social defiende la legalidad de sus actuaciones y sostiene que los aplazamientos y certificados se ajustaron a la normativa excepcional vigente durante la pandemia.
La polémica llega en un momento en que la Audiencia Nacional avanza en el levantamiento del secreto de sumario y en la solicitud de cooperación internacional con Suiza y Francia. El almuerzo entre Escrivá y Zapatero, el certificado controvertido y la deuda aplazada se han convertido en piezas centrales de una investigación que amenaza con salpicar todavía más al PSOE.
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