El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una i...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una investigación que indaga presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Según fuentes judiciales y policiales, Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.
Esta mañana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha activado una nueva fase de la operación, practicando registros en el despacho profesional del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, en la empresa de sus hijas y en otras mercantiles vinculadas al entramado. El magistrado Calama ha levantado parcialmente el secreto de sumario para avanzar en las pesquisas que se centran en un supuesto esquema societario destinado a canalizar fondos opacos.
La investigación se remonta al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió en 2021 a Plus Ultra, una aerolínea con vínculos al entorno venezolano, en plena pandemia de COVID-19. Los investigadores sospechan que parte de ese dinero público no se destinó íntegramente a garantizar la viabilidad de la compañía, sino que habría servido para devolver favores, pagar comisiones y blanquear capitales procedentes de empresas españolas y del régimen de Caracas. La UDEF ha rastreado los movimientos financieros que vinculan a varios actores, entre ellos el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y administrador de la sociedad Análisis Relevante SL.
Según los indicios recopilados, Análisis Relevante SL habría recibido importantes sumas de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento en Venezuela. De ahí, la mercantil habría abonado al menos 661.000 euros a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, a través de su agencia Whathefav SL. Los pagos se justificaron como trabajos de consultoría global, comunicación online y elaboración de informes, pero los agentes consideran que estos servicios presentan irregularidades y carecen de acreditación suficiente. Zapatero ha defendido siempre la legalidad de estos cobros, afirmando que se trataban de labores legítimas de asesoramiento.
La operación ha puesto el foco en cómo una empresa de reciente creación como Análisis Relevante, con actividad aparentemente limitada, canalizó pagos elevados hacia el expresidente y su familia mientras Plus Ultra tramitaba el rescate. Los investigadores apuntan a una posible triangulación de fondos para dar apariencia de legalidad a movimientos que podrían ocultar comisiones ilegales a cambio de influencias. El caso adquirió mayor dimensión cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid se inhibió y la causa pasó a la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Calama.
Esta es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno es imputado en una causa por corrupción. El PSOE ha reaccionado mostrando “tranquilidad” y defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, mientras que desde la oposición, PP y Vox, han calificado el asunto de “gravedad extrema” y han exigido explicaciones al Ejecutivo. El propio Zapatero niega cualquier intervención irregular en el rescate de Plus Ultra o relación con actividades ilícitas.
La instrucción continúa abierta y los registros de hoy buscan documentación que esclarezca el destino real de los fondos públicos y la naturaleza de los servicios facturados. Fuentes cercanas a la investigación indican que se analizarán contratos, facturas, correos electrónicos y movimientos bancarios para determinar si existió una estructura organizada para blanquear capitales. El caso Plus Ultra sigue generando un intenso debate político y mediático sobre la transparencia en el uso de ayudas públicas durante la crisis sanitaria.
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