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El juez instructor del caso que investiga las irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra ha sostenido que el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, autorizó la condonación de la deuda que la compañía mantenía con la Seguridad Social. Esta decisión, según los indicios recabados en la investigación, habría sido clave para allanar el camino al posterior rescate público de la empresa, que recibió millones de euros de fondos públicos en un momento de grave crisis para el sector aéreo tras la pandemia del coronavirus.
La operación ha generado una fuerte polémica política y judicial, ya que Plus Ultra, una aerolínea de origen español con rutas principalmente hacia Latinoamérica, acumulaba importantes deudas con la Seguridad Social y otros organismos públicos. La condonación de esa deuda se habría producido en un contexto en el que la compañía presentaba serias dificultades financieras y estaba al borde de la insolvencia. Para sus críticos, esta medida excepcional representó un trato de favor que permitió a la aerolínea acceder a un rescate millonario con cargo al erario público, en lugar de afrontar las consecuencias de su situación económica.
La Audiencia Nacional ha dado un nuevo impulso a la investigación al incorporar a la causa un mensaje atribuido a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, dirigido a su exasesor Koldo García. En ese mensaje, recuperado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se haría referencia explícita a una reunión mantenida entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el propio José Luis Escrivá. Dicha reunión habría girado en torno al proceso de rescate de Plus Ultra y las gestiones necesarias para sacar adelante la operación.
Este nuevo elemento introduce un mayor nivel de implicación política en el caso. Zapatero, figura de gran peso dentro del PSOE, habría intervenido de alguna manera en las conversaciones relacionadas con el futuro de la aerolínea. Por su parte, Ábalos y Koldo García ya se encuentran en el centro de otras investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión de contratos durante la pandemia, especialmente en el ámbito de suministros sanitarios, lo que añade un contexto de sospecha sobre posibles redes de influencia en las decisiones administrativas de aquellos años.
La defensa de Escrivá y del Gobierno ha argumentado en distintas ocasiones que el rescate de Plus Ultra se enmarca dentro de las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis sanitaria para preservar empleos y mantener conexiones estratégicas con Iberoamérica. Sin embargo, los investigadores cuestionan si se siguieron todos los procedimientos habituales de control y si existieron presiones políticas para beneficiar a una compañía concreta.
La decisión de condonar la deuda con la Seguridad Social ha sido vista por parte de la oposición como un claro ejemplo de posible malversación o prevaricación, al priorizar intereses particulares o políticos sobre el interés general y el rigor en el uso del dinero público. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se tomen nuevas declaraciones y se soliciten más documentos que permitan aclarar el alcance real de las gestiones realizadas en las más altas instancias del Gobierno.
Este caso se suma a otras polémicas que han rodeado la gestión de los fondos públicos durante la pandemia, un periodo en el que se movieron miles de millones de euros con procedimientos acelerados y, en ocasiones, con menor fiscalización. La opinión pública sigue con atención el desarrollo de la causa, que pone bajo el foco la transparencia en la toma de decisiones que afectaron a las arcas del Estado y, en última instancia, al bolsillo de todos los contribuyentes.
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