España se mantiene entre los países con mayor riesgo de pobreza en la UE pese a la recuperación económica

España vuelve a situarse entre los países con mayores niveles de exclusión social dentro de la Unión Europea , según los últimos datos publ...

España vuelve a situarse entre los países con mayores niveles de exclusión social dentro de la Unión Europea, según los últimos datos publicados por Eurostat. Con una tasa AROPE del 25,7%, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, el país ocupa el quinto lugar en este indicador, solo por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. Este dato refleja que más de uno de cada cuatro residentes en España se encuentra en una situación de vulnerabilidad, una cifra que sigue siendo elevada pese a los signos de recuperación económica registrados en los últimos años.

El indicador AROPE combina varios factores, entre ellos los ingresos por debajo del umbral de pobreza, la carencia material severa y la baja intensidad laboral en los hogares. En el caso español, estos elementos continúan mostrando debilidades estructurales, especialmente en lo que respecta al empleo precario, el alto desempleo juvenil y las dificultades de acceso a la vivienda. Aunque el crecimiento económico ha permitido mejorar algunos indicadores macroeconómicos, su impacto no ha sido uniforme en toda la población, lo que contribuye a mantener altos niveles de desigualdad.

En contraste, otros países de la Unión Europea presentan cifras considerablemente más bajas. República Checa lidera el ranking con apenas un 11,5% de su población en riesgo, seguida por Polonia y Eslovenia, que también muestran niveles de estabilidad social más sólidos. Estas diferencias evidencian la existencia de modelos económicos y sociales más eficaces en la reducción de la pobreza, con mercados laborales más estables y sistemas de protección social más robustos.

En el caso de España, diversos analistas apuntan a que la persistencia de este problema está vinculada a factores como la temporalidad laboral, la elevada dependencia del sector servicios y las desigualdades territoriales. Regiones con menor desarrollo económico o con mayores tasas de desempleo concentran una parte significativa de la población en riesgo. Además, el aumento del coste de vida, especialmente en vivienda y energía, ha agravado la situación de muchos hogares, reduciendo su capacidad adquisitiva incluso cuando cuentan con empleo.

Otro aspecto preocupante es el impacto generacional de la exclusión social. Los jóvenes y los menores de edad figuran entre los colectivos más afectados, lo que plantea desafíos a largo plazo en términos de movilidad social y cohesión. La dificultad para acceder a empleos estables o a una vivienda digna retrasa la emancipación y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

A nivel político, estos datos reavivan el debate sobre la eficacia de las políticas sociales y la necesidad de reformas estructurales. Las instituciones europeas han insistido en la importancia de reforzar los sistemas de protección, mejorar la calidad del empleo y garantizar el acceso a servicios básicos. En este contexto, España enfrenta el reto de traducir el crecimiento económico en una mejora real del bienestar social, reduciendo las brechas que la sitúan entre los países con mayores niveles de exclusión dentro del bloque comunitario.