Europa endurece su política migratoria con centros externos para rechazados

Europa entra en una nueva etapa en materia migratoria. Los ministros responsables de inmigración y exteriores de los 46 países del Consejo d...

Europa entra en una nueva etapa en materia migratoria. Los ministros responsables de inmigración y exteriores de los 46 países del Consejo de Europa se reúnen esta semana en Moldavia para discutir la creación de un centro externo al que trasladar a los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido denegadas, un debate que habría resultado impensable hace apenas unos años.

La cumbre, celebrada en Chisinau los días 14 y 15 de mayo de 2026, culminó con la adopción de la Declaración de Chisinau, un documento no vinculante pero de gran peso político. En él, los ministros reafirman el derecho soberano de los Estados a controlar sus fronteras y gestionan de forma más flexible la interpretación de artículos clave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, especialmente el artículo 3 (prohibición de torturas y tratos inhumanos) y el artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar). Esta reinterpretación abre la puerta a la externalización de procedimientos de devolución y al establecimiento de “return hubs” o centros de retorno en terceros países.

El contexto que explica este giro es la presión acumulada durante años. Desde la crisis migratoria de 2015, Europa ha vivido un aumento sostenido de llegadas irregulares, tensiones en las fronteras exteriores y un creciente descontento ciudadano que se ha traducido en avances electorales de partidos de derecha y extrema derecha en países como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia. Los gobiernos, incluso los de centroizquierda, han tenido que responder a la percepción de que los sistemas de asilo están saturados y son objeto de abusos. Según datos recientes, miles de solicitantes ven denegadas sus peticiones cada año, pero las devoluciones efectivas son bajas debido a obstáculos burocráticos, falta de cooperación de países de origen y limitaciones jurídicas.

La propuesta de centros externos no es nueva, pero hasta ahora había encontrado fuerte resistencia por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas. Modelos como el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en 2016 o el controvertido pacto de Italia con Albania han servido de precedente. Ahora, el Consejo de Europa —guardián del Convenio de Derechos Humanos— da un paso al frente al aclarar que la cooperación con terceros países para el retorno es compatible con las obligaciones internacionales, siempre que se respeten estándares mínimos de derechos humanos.

Los defensores de esta línea argumentan que se trata de una medida pragmática y humana. Al procesar o retener a los rechazados fuera del territorio europeo se reduce la presión sobre los sistemas nacionales, se desincentivan las travesías peligrosas en el Mediterráneo y se puede acelerar la integración de aquellos que realmente cumplen los criterios de protección internacional. Además, permite concentrar recursos en la acogida de refugiados ucranianos y de otras crisis humanitarias reconocidas, mientras se combate con mayor eficacia las redes de tráfico de personas.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones como Amnistía Internacional y ACNUR advierten que estos centros podrían convertirse en “guetos de limbo jurídico” donde los derechos se diluyan. Temas como la falta de garantías procesales, posibles violaciones de no devolución (non-refoulement) y la dependencia de países terceros con historiales irregulares en derechos humanos generan preocupación. Países como España, Grecia e Italia, en primera línea de llegada, ven con buenos ojos la externalización, mientras que naciones del norte y del este priorizan el control estricto.

Este encuentro en Moldavia, un país candidato a la UE y vecino de Ucrania, simboliza también la voluntad europea de unir fuerzas ante desafíos geopolíticos complejos. La presidenta moldava Maia Sandu abrió la sesión destacando la necesidad de una respuesta coordinada. El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, subrayó que la migración irregular no resuelta erosiona la confianza pública en las instituciones democráticas.

Con esta declaración, Europa parece abandonar progresivamente el idealismo de fronteras abiertas ilimitadas para abrazar un realismo demográfico y de seguridad. El camino hacia los centros externos aún requerirá negociaciones con terceros países, financiación y marcos legales concretos, pero el tabú se ha roto. Los próximos meses serán decisivos para ver si esta nueva etapa se traduce en políticas efectivas o si tropieza nuevamente con divisiones internas y obstáculos jurídicos. Lo que está claro es que el continente ya no ve la migración solo como una cuestión humanitaria, sino como un desafío estratégico que exige respuestas firmes y compartidas.