Las acusaciones populares han activado sus primeras iniciativas tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodrígu...
Las acusaciones populares han activado sus primeras iniciativas tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra. Apenas 24 horas después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidiera investigarlo como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias, Vox y la asociación Hazte Oír han presentado escritos solicitando medidas cautelares urgentes, entre ellas la retirada del pasaporte diplomático, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado. Consideran que existe un elevado riesgo de fuga dada la gravedad de los indicios, las conexiones internacionales del exmandatario y el patrimonio presuntamente obtenido de forma irregular.
El auto del magistrado sitúa a Zapatero al frente de una trama estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas, principalmente en favor de la aerolínea Plus Ultra. La investigación se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI durante la pandemia, fondos que, según los indicios, habrían servido parcialmente para blanquear capitales procedentes de Venezuela. El juez atribuye a Zapatero y su entorno el cobro de casi dos millones de euros en comisiones entre 2020 y 2025, incluyendo pagos a través de empresas vinculadas a sus hijas y la posible creación de una sociedad offshore en Dubái para recibir el 1% del rescate.
Vox, que ya se querelló en 2021 y se personó como acusación popular, ha sido especialmente activa. En su escrito presentado este miércoles, el partido de Santiago Abascal pide no solo la retirada del pasaporte, sino también medidas que impidan la destrucción de pruebas y garanticen la comparecencia del investigado. La formación ha recordado su labor previa de denuncia parlamentaria y judicial sobre los rescates a Plus Ultra y Air Europa, señalando desde hace años la posible influencia de Zapatero en estas operaciones.
Por su parte, Hazte Oír, que fue una de las primeras en denunciar los vínculos de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro tanto en España como ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, ha confirmado el pago de la fianza de 5.000 euros impuesta por el juez para ejercer la acusación popular —junto a Vox, PP y Manos Limpias— y ha anunciado que solicitará medidas cautelares de forma inmediata. La organización subraya la “gravedad de los indicios” y las conexiones internacionales del expresidente, que podrían facilitar una eventual huida.
Esta imputación marca un hito en la democracia española: Zapatero se convierte en el primer expresidente del Gobierno investigado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juez lo cita a declarar el próximo 2 de junio. Fuentes próximas al exmandatario han expresado su disposición a colaborar con la justicia y han recordado la presunción de inocencia, mientras que desde el PSOE, Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo explícito y ha pedido respeto al procedimiento judicial.
La noticia ha generado un terremoto político. Mientras la oposición exige responsabilidades y algunos ven en este caso el hilo conductor de otras tramas vinculadas al entorno socialista, el Gobierno y sus socios han optado por la prudencia tras las primeras reacciones. El caso Plus Ultra, que comenzó con alertas de Francia y Suiza sobre posibles movimientos de dinero venezolano, ahora apunta directamente al corazón del socialismo español y promete marcar la agenda política de los próximos meses. Las acusaciones populares insisten en que las medidas cautelares son necesarias para preservar el normal desarrollo de la investigación y evitar que los presuntos implicados eludan la acción de la justicia.
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