La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura vinculada al PSOE para influir en causas judiciales

Pedraz investiga pagos irregulares, facturas falsas y registros en Ferraz en una causa que afecta al entorno del PSOE.

La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura vinculada al PSOE para influir en causas judiciales relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez. El juez Santiago Pedraz ordenó este martes registros en la sede federal socialista de Ferraz y en domicilios de varios investigados, entre ellos Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Ana María Fuentes, tras detectar supuestos pagos irregulares, facturas falsas y movimientos económicos bajo sospecha.

La Audiencia Nacional amplía la investigación sobre Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó registros en la sede federal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, y en varios domicilios vinculados a la investigación abierta por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Los agentes también actuaron en las viviendas de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; del exdirigente socialista Gaspar Zarrías; y de Ana María Fuentes, gerente del partido. La actuación judicial incluyó la intervención de documentación económica, dispositivos electrónicos y archivos internos relacionados con la causa.

El auto judicial sostiene que la investigación se centra en una presunta estructura destinada a intervenir en procedimientos judiciales que afectaban al entorno político y personal de Pedro Sánchez. Según la resolución, los hechos investigados habrían comenzado tras el denominado “periodo de reflexión” anunciado por el presidente del Gobierno en abril de 2024.

El juez sitúa en ese contexto el origen de una supuesta operativa dirigida a “desestabilizar” investigaciones abiertas sobre miembros del PSOE y personas cercanas al Ejecutivo. La resolución menciona reuniones, intercambios de información y actuaciones coordinadas para desacreditar pesquisas policiales y judiciales.

La causa se encuentra bajo instrucción y parte de las diligencias continúan bajo secreto de sumario. Entre los delitos investigados figuran organización criminal, falsedad documental, tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho.

El auto incorpora informes elaborados por la UCO, registros contables, comunicaciones intervenidas y declaraciones de varios investigados y testigos. El juez considera que la estructura habría utilizado recursos orgánicos y económicos vinculados al partido para desarrollar determinadas actuaciones.

El PSOE confirmó públicamente el registro de Ferraz y señaló que colaborará con la Justicia facilitando toda la documentación requerida. Fuentes socialistas negaron la existencia de financiación irregular y defendieron la actuación de la dirección federal.

El juez analiza pagos, facturas y sociedades interpuestas

Uno de los principales ejes de la investigación se centra en los pagos presuntamente realizados a Leire Díez, investigada en la causa. El auto judicial sostiene que habría percibido alrededor de 4.000 euros mensuales mediante una red de sociedades y facturación supuestamente irregular.

Según la resolución, esos pagos habrían sido canalizados a través de empresas interpuestas vinculadas a dirigentes y colaboradores investigados. El juez atribuye a Santos Cerdán un papel relevante en la coordinación de esas operaciones económicas.

La investigación también examina facturas presuntamente falsas que alcanzarían, según el auto, más de 188.000 euros. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos se habrían destinado a financiar actuaciones dirigidas contra miembros de la UCO, jueces y fiscales relacionados con distintas causas abiertas.

El magistrado sostiene que la estructura investigada utilizó recursos económicos para desarrollar campañas de presión y obtención de información sensible. Parte de la documentación analizada incluye contratos mercantiles, transferencias y comunicaciones internas.

La resolución judicial también incorpora referencias a reuniones celebradas durante los días en que Pedro Sánchez anunció su “periodo de reflexión” tras la imputación de Begoña Gómez. El juez considera que ese contexto marcó el inicio de una estrategia coordinada para responder a investigaciones judiciales que afectaban al entorno gubernamental.

Entre las diligencias incorporadas al procedimiento figura además la declaración de la empresaria Carmen Pano. El auto recoge sospechas sobre un posible ofrecimiento de al menos 50.000 euros para modificar la versión que había aportado previamente a los investigadores.

Pano declaró haber entregado anteriormente 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz. La Audiencia Nacional investiga ahora si existieron presiones o intentos de alterar testimonios relacionados con la causa.

Los investigadores analizan además posibles conexiones entre esta trama y otras pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones públicas, contratos y sociedades vinculadas a antiguos cargos y empresarios relacionados con el PSOE.

La investigación aumenta la presión política y judicial

La actuación judicial ha provocado una nueva escalada de tensión política en el Congreso y dentro del PSOE. Los principales partidos de la oposición reclamaron explicaciones inmediatas al Gobierno y pidieron responsabilidades políticas tras conocerse el contenido del auto.

El Ejecutivo evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación y recordó que el procedimiento continúa en fase de instrucción. Fuentes gubernamentales insistieron en la necesidad de respetar la independencia judicial y la presunción de inocencia de todos los investigados.

El auto de Pedraz sostiene que la presunta estructura investigada no actuaba de forma aislada, sino mediante una organización estable con reparto de funciones. El juez considera que parte de la actividad se habría desarrollado utilizando medios y estructuras vinculadas al partido.

La resolución judicial apunta directamente a la sede federal socialista como uno de los centros de coordinación de la supuesta operativa. Los investigadores tratan de determinar el alcance interno de las decisiones y la posible participación de otros cargos políticos o administrativos.

La Audiencia Nacional prevé nuevas diligencias durante las próximas semanas. Entre ellas figuran análisis contables, informes patrimoniales y nuevas declaraciones de investigados y testigos.

La causa podría ampliarse en función del contenido de los dispositivos y documentos incautados durante los registros practicados por la Guardia Civil. El juez deberá decidir posteriormente si existen indicios suficientes para transformar la investigación en procedimiento abreviado o archivar parte de las actuaciones.

El procedimiento permanece abierto y no existen, por el momento, condenas ni resoluciones firmes. Todas las personas investigadas mantienen intacto su derecho a la defensa y la presunción de inocencia mientras continúe la instrucción judicial.