La Audiencia Nacional revoca el procesamiento del exjefe de la UDEF con 20 millones ocultos

La Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la...

La Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid, junto con el de otros presuntos miembros de una amplia trama de narcotráfico internacional. El tribunal ha estimado el recurso de la Fiscalía Antidroga, que argumentaba que la instrucción aún no estaba completa y que quedaban diligencias pendientes para esclarecer plenamente el alcance de la red criminal.

Esta decisión supone un importante revés para el juez instructor Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, quien había acordado el procesamiento de Sánchez y otros investigados en varias resoluciones sucesivas. Entre los procesados figuraba también Ignacio Torán, señalado como el presunto líder de la organización. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto reciente, ha considerado prematuro avanzar a la fase de juicio oral, criticando las descripciones “parcas” y “escuetas” de los hechos imputados por el magistrado instructor y destacando la necesidad de completar una investigación que califica de inconclusa.

El caso saltó a la luz pública con gran impacto mediático tras el registro en la vivienda de Óscar Sánchez, donde los agentes hallaron cerca de 20 millones de euros en efectivo ocultos entre las paredes y en otros lugares de la casa. Sánchez, conocido en algunos contextos como “El Anodino”, fue detenido en 2024 y permanece en prisión provisional. Según la investigación, estos fondos procederían de su presunta colaboración con una red dedicada a la importación masiva de cocaína desde Ecuador, principalmente a través de contenedores de frutas tropicales que llegaban al puerto de Algeciras.

Los investigadores estiman que la organización habría introducido en España al menos 73 toneladas de cocaína en unos 39 contenedores entre 2020 y 2024, con un valor en el mercado negro superior a los 2.500 millones de euros. El papel atribuido a Sánchez era clave: como alto mando policial, presuntamente accedía de forma sistemática y fraudulenta a las bases de datos policiales para alertar a los miembros de la trama sobre posibles investigaciones, garantizando así su impunidad. También se le imputan delitos de blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos. En algunos informes se menciona que habría cobrado alrededor de un millón de euros por cada gran envío facilitado.

Además, se le acusa de haber ocultado o manipulado pruebas que le incriminaban, como un informe de Inteligencia Económica que señalaba a una empresa vinculada a él por posibles blanqueos. Su esposa y varias sociedades mercantiles también han sido mencionadas en relación con operaciones de blanqueo. La trama se habría beneficiado de una compleja estructura empresarial y de la protección interna que supuestamente ofrecía un policía corrupto en un puesto estratégico para combatir precisamente este tipo de delitos.

La Fiscalía Antidroga ha defendido en todo momento que todavía existen diligencias relevantes por practicar, muchas de ellas de carácter internacional y relacionadas con el rastreo de flujos financieros y la identificación completa de todos los integrantes de la red. La Sala de lo Penal ha coincidido con esta visión, ordenando que la instrucción continúe y que, una vez finalizada, se dicte un único y completo auto de procesamiento que recoja de forma clara y detallada todos los indicios contra cada investigado.

Este giro procesal mantiene abierta una de las causas más sensibles de los últimos años en España, que toca directamente la credibilidad de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Mientras Sánchez y el resto de investigados continúan como imputados y algunos en prisión, la Audiencia Nacional exige mayor rigor y exhaustividad antes de dar por concluida la fase de instrucción. La opinión pública sigue con atención un caso que expone las vulnerabilidades internas de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y que plantea interrogantes sobre cómo un alto cargo policial pudo presuntamente operar durante años sin ser detectado. La investigación sigue su curso con nuevas diligencias pendientes que podrían determinar el alcance definitivo de esta presunta “narcopoli” dentro de la UDEF.