La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la trama presuntamente liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero utilizó el rescate...
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la trama presuntamente liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero utilizó el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra para blanquear dinero ilícito procedente de Venezuela. Entre esos fondos se encontrarían recursos saqueados del sistema de suministro de alimentos a la población en situación de pobreza bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024, Plus Ultra habría actuado como vehículo para integrar en el sistema financiero legal capitales de origen delictivo. Estos fondos procederían principalmente de la malversación en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa chavista de reparto de alimentos básicos subsidiados que, según múltiples investigaciones, sufrió importantes desvíos por parte de funcionarios y empresarios cercanos al régimen. También se mencionan operaciones vinculadas a la venta irregular de oro del Banco Central de Venezuela y otros activos de PDVSA.
La aerolínea, con capital mayoritariamente venezolano y fuertes conexiones con el chavismo, recibió los 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 como ayuda durante la pandemia. Esto ocurrió pese a su flota reducida, actividad limitada y dudas sobre su viabilidad económica. Las pesquisas de la UDEF indican que parte de ese dinero público se habría utilizado para simular devoluciones de préstamos a sociedades instrumentales radicadas en Suiza, Francia y otros territorios. De esta forma se integraban fondos opacos en el circuito legal europeo. Autoridades de Francia y Suiza han colaborado rastreando estos movimientos, que formarían parte de una organización criminal transnacional dedicada al blanqueo a gran escala.
El juez Calama describe a Zapatero como el “vértice” o núcleo estratégico de una estructura estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias. Según el auto, el expresidente habría ejercido su influencia ante altas instancias del Gobierno español para facilitar el rescate y ante el régimen venezolano para garantizar la operatividad de Plus Ultra. Esta red habría generado comisiones y beneficios para él y su entorno, canalizados supuestamente a través de sociedades como Whathefav SL, administrada por sus hijas Alba y Laura, que recibió casi un millón de euros por supuestos informes y servicios de comunicación de escasa entidad real.
Las investigaciones se intensificaron con solicitudes de cooperación internacional. En diciembre de 2025 se detuvieron directivos de Plus Ultra, y en mayo de 2026, en la Operación Tíbet, la Policía registró el despacho de Zapatero y empresas vinculadas, incautando documentación. El magistrado ha citado a declarar al expresidente el 2 de junio como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros posibles delitos. Zapatero niega cualquier irregularidad y defiende que su labor se limitó a asesoría geopolítica legítima.
Este caso representa un hito judicial al tratarse de la primera imputación de un expresidente del Gobierno en democracia. La instrucción sigue abierta y podría ampliarse. La posible conexión entre dinero público español, blanqueo internacional y el saqueo de programas humanitarios como los CLAP añade una grave dimensión ética. Millones de venezolanos en pobreza extrema se vieron afectados por la corrupción en la distribución de alimentos. Mientras la defensa insiste en la ausencia de pruebas directas, el juez y la Fiscalía sostienen que las estructuras societarias y los flujos financieros encubrían una operativa de integración de capitales procedentes de la corrupción venezolana más profunda. La causa continúa avanzando con nuevos análisis y testimonios.
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