La hermana de la secretaria de Zapatero se sienta en el banquillo por presunta prevaricación urbanística y ambiental en Velilla de San Antonio

Este miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid acoge el juicio contra Antonia Alcázar Jiménez , alcaldesa socialista de Velilla de San An...

Este miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid acoge el juicio contra Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa socialista de Velilla de San Antonio, un municipio madrileño de más de 14.000 habitantes ubicado al este de la capital. La regidora afronta una acusación por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y medioambiental, junto al concejal de Urbanismo y dos técnicos municipales. La Fiscalía solicita para ella tres años de prisión y una multa de veinte meses con una cuota diaria de 15 euros, según informan varios medios.

El caso se centra en decisiones presuntamente irregulares relacionadas con la planificación urbanística y el impacto ambiental en el municipio. Según la acusación, las actuaciones habrían favorecido actuaciones que vulneraban la normativa vigente en materia de suelo y protección medioambiental, ignorando los informes técnicos o saltándose los procedimientos legales establecidos. Este tipo de delitos de prevaricación se caracterizan por resoluciones arbitrarias de autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, causan perjuicio al interés público. En este contexto, se investiga si se aprobaron licencias, modificaciones de planeamiento o autorizaciones que beneficiaron a terceros en detrimento de la legalidad urbanística y la conservación del entorno natural de Velilla, conocido por sus lagunas y espacios protegidos.

Antonia Alcázar, militante del PSOE y alcaldesa desde hace años, es una figura conocida en el ámbito local por su compromiso con las políticas sociales y el desarrollo del municipio. Sin embargo, este proceso judicial añade presión en un momento especialmente delicado para su familia. Es hermana de María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida como “Gertru”, quien durante más de dos décadas ha sido la secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Gertrudis Alcázar ha adquirido notoriedad recientemente al aparecer como “pieza operativa esencial” en la investigación que dirige el juez José Luis Calama sobre una presunta trama de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y organización criminal vinculada al rescate de Plus Ultra. Su nombre ha salido a la luz por su presunto rol en la gestión de comunicaciones y operaciones relacionadas con el expresidente.

La coincidencia temporal entre ambos procedimientos ha generado un fuerte eco mediático y político. Mientras Gertrudis Alcázar es objeto de escrutinio en la Audiencia Nacional por asuntos de alto nivel, su hermana se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial por cuestiones locales de urbanismo. Fuentes cercanas al PSOE han defendido la presunción de inocencia de Antonia Alcázar, subrayando que se trata de un caso municipal independiente y que la alcaldesa siempre ha actuado en beneficio del municipio. Por su parte, la oposición ha aprovechado la situación para cuestionar la ética en las filas socialistas y exigir responsabilidades políticas.

Velilla de San Antonio ha experimentado un notable crecimiento demográfico en los últimos años, lo que ha incrementado la presión urbanística. El municipio combina zonas residenciales con un importante patrimonio natural, especialmente sus lagunas, que requieren una gestión cuidadosa para equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Los hechos que se juzgan se habrían producido durante el mandato de Alcázar, aunque los detalles concretos de las actuaciones irregulares aún se expondrán en la vista oral.

Este juicio se produce después de que Antonia Alcázar fuera absuelta en diciembre de 2024 por la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Termyca o Efial, relacionado con supuestos amaños en contratos públicos. En aquella ocasión, el tribunal consideró que no había indicios de delito y que sus actuaciones se limitaron a regularizar pagos de contratos previos. La actual causa, por tanto, representa un nuevo desafío judicial para la alcaldesa, que mantiene su cargo y su candidatura pese a las acusaciones.

El procedimiento judicial de este miércoles reunirá a las partes para exponer pruebas, testimonios y argumentos. La defensa previsiblemente insistirá en que las decisiones tomadas se enmarcaban dentro de la discrecionalidad administrativa y contaban con los informes necesarios, mientras que la acusación buscará demostrar la arbitrariedad y el conocimiento de la ilegalidad. El desenlace de este caso no solo afectará la trayectoria política de Antonia Alcázar, sino que también se enmarca en un contexto más amplio de escrutinio a figuras vinculadas al PSOE en diferentes niveles.