La UCO se desplaza a la Dirección de la Guardia Civil en la investigación del caso Leire Díez por presunto amaño de contratos y obstrucción.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplazado este miércoles a la sede de la Dirección General del cuerpo en Madrid por orden del juez Santiago Pedraz, en el marco de las diligencias del denominado caso Leire Díez, una investigación que analiza un presunto amaño de contratos públicos relacionado con la SEPI y posibles actuaciones de obstrucción a la Justicia, según fuentes de la investigación.
Una actuación judicial en dependencias de la Guardia Civil
La UCO ha acudido a primera hora de este miércoles a la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en Madrid, en el desarrollo de las diligencias judiciales en curso.
La actuación se enmarca en la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, centrada en el denominado caso Leire Díez.
Según fuentes próximas al procedimiento, los agentes han comenzado a recabar información y a tomar declaraciones en las dependencias centrales del cuerpo.
El objetivo de estas actuaciones es avanzar en la recopilación de testimonios vinculados a posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos.
La investigación permanece abierta y se encuentra en fase de instrucción, con actuaciones dirigidas a la obtención de pruebas documentales y testimoniales.
El foco del caso: contratos públicos y SEPI
El caso investigado por el juez Pedraz analiza un presunto esquema de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las diligencias se centran en determinar si existieron actuaciones irregulares en la intermediación o influencia en procesos administrativos relacionados con el sector público empresarial.
En este contexto, la figura de la exasesora Leire Díez aparece como uno de los elementos bajo análisis dentro del procedimiento judicial.
Las actuaciones de la UCO incluyen la toma de declaraciones a personas que podrían tener conocimiento directo o indirecto de los hechos investigados.
El procedimiento trata de esclarecer el alcance de las posibles irregularidades y la existencia de una estructura organizada en torno a la gestión de determinados contratos.
Por el momento, no se han comunicado conclusiones judiciales ni imputaciones adicionales derivadas de las diligencias más recientes.
Investigación sobre posibles obstrucciones a la Justicia
Además del análisis de los contratos públicos, la investigación incorpora una línea de trabajo sobre posibles actuaciones de obstrucción a la Justicia.
Según las fuentes consultadas, los agentes están tomando declaración a personas que podrían haber tenido algún tipo de participación o conocimiento en hechos relevantes para el procedimiento.
Estas actuaciones se desarrollan bajo la supervisión del juez instructor, que dirige la recopilación de pruebas en esta fase de la causa.
La UCO, como unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción, participa en la obtención y análisis de la información recabada durante los registros y declaraciones.
El caso se mantiene en instrucción judicial, por lo que las actuaciones continúan abiertas y sujetas a la incorporación de nuevas diligencias.
Las fuentes jurídicas subrayan que el avance de la investigación dependerá del análisis del material obtenido y de las declaraciones recogidas en esta fase del procedimiento.
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