La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo este miércoles una serie de registros en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y en otros inmuebles vinculados al partido, por orden del juez Santiago Pedraz, en el marco de una investigación judicial sobre presuntas irregularidades relacionadas con la exasesora Leire Díez y su posible intermediación en procesos vinculados a la SEPI, según fuentes jurídicas.
Una operación judicial en la sede del PSOE
La actuación de la UCO se ha iniciado a primera hora de este miércoles con la entrada de agentes en la sede federal del Partido Socialista Obrero Español, situada en la calle Ferraz de Madrid.
La operación se desarrolla por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que dirige las diligencias en las que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a la actuación de la exasesora Leire Díez y su papel en posibles gestiones relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según fuentes próximas a la investigación, los registros incluyen la recopilación de documentación y soportes digitales en diferentes dependencias, en el marco de una causa que permanece bajo secreto parcial de actuaciones.
Además de la sede central del partido, los agentes han extendido las actuaciones a otros inmuebles relacionados con la organización política, dentro de un dispositivo coordinado por la Guardia Civil.
Las diligencias forman parte de una investigación en curso en la que el juzgado analiza posibles conductas irregulares en el entorno de la administración pública y su interacción con estructuras políticas y organismos estatales.
Por el momento, no consta que se hayan producido detenciones en el marco de esta operación, que continúa abierta y bajo supervisión judicial.
Registros en domicilios y entidades vinculadas
La operación judicial no se ha limitado a la sede de Ferraz, sino que ha incluido también registros en domicilios particulares y en espacios vinculados a personas citadas en la investigación.
Entre los objetivos de las diligencias figuran el domicilio de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, así como el de Gaspar Zarrías, exalto cargo del Gobierno, según fuentes conocedoras del operativo.
Asimismo, los agentes han registrado la sede de la Fundación Pablo Iglesias, entidad vinculada históricamente al socialismo español y dedicada a la investigación y preservación documental.
Estos registros se enmarcan en una línea de investigación que trata de esclarecer posibles conexiones entre distintas personas físicas y jurídicas en relación con los hechos bajo análisis judicial.
La actuación ha sido coordinada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, especializada en delitos económicos y corrupción, bajo supervisión del juez instructor.
El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, por lo que las actuaciones policiales están dirigidas a la obtención de pruebas documentales y electrónicas que puedan ser incorporadas a la causa.
Las fuentes consultadas señalan que el objetivo de estas diligencias es determinar la existencia o no de indicios suficientes para sustentar las hipótesis planteadas en la investigación.
Investigación sobre SEPI y papel de Leire Díez
El origen de la causa se sitúa en una investigación judicial centrada en la actuación de la exasesora Leire Díez y su presunta intermediación en gestiones relacionadas con la SEPI, según consta en la documentación judicial.
El juez Santiago Pedraz dirige unas diligencias que analizan posibles irregularidades en procesos de influencia o mediación en el ámbito de organismos públicos dependientes del Estado.
En este contexto, la investigación trata de determinar si existieron actuaciones irregulares en la toma de decisiones o en la gestión de relaciones institucionales vinculadas a la administración pública.
La SEPI, como holding estatal de participaciones industriales, gestiona empresas públicas y participa en procesos estratégicos de inversión y reestructuración, lo que ha situado su actividad bajo especial atención en el marco de la causa.
Las diligencias actuales se enmarcan en una fase de recopilación de pruebas, sin que por el momento se hayan hecho públicas conclusiones judiciales ni imputaciones adicionales derivadas de los registros.
El procedimiento sigue abierto y bajo supervisión del juez instructor, que deberá valorar el contenido de la documentación incautada y su relevancia para el avance de la investigación.
Fuentes jurídicas subrayan que el desarrollo de la causa dependerá del análisis del material intervenido y de las declaraciones que puedan producirse en las próximas fases del procedimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario