Los socios del Gobierno descartan el ‘lawfare’ en el caso Zapatero y admiten que “no pinta bien” tras leer el auto judicial

Los principales socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han abandonado rápidamente la estrategia de calificar la investigación c...

Los principales socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han abandonado rápidamente la estrategia de calificar la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero como un caso de ‘lawfare’ (guerra judicial) después de conocer el contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Fuentes de los partidos que sustentan la coalición reconocen en privado que la causa “no pinta bien” y que los indicios expuestos en las 88 páginas del documento judicial son de suficiente entidad como para evitar una defensa cerrada que pueda dañar su imagen.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC y uno de los aliados más vocales del Ejecutivo, protagonizó el cambio más visible. Apenas 24 horas antes había salido en tromba a defender al expresidente socialista, denunciando que los jueces “van a por el PSOE” y presentando la operación como una persecución política. Lo hizo, según admitió después, sin disponer de información detallada ni haber leído el auto. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rufián se mostró visiblemente incómodo y reconoció estar “muy jodido” tras leer las conclusiones del magistrado. Su tono cambió de forma notable, pasando de la confrontación directa a una actitud más prudente y distante.

Esta evolución refleja el malestar generalizado entre los socios. Tanto ERC como Bildu, PNV y otras formaciones independentistas o nacionalistas han decidido no involucrarse activamente en una narrativa de lawfare que, en esta ocasión, podría resultar contraproducente. El auto describe a Zapatero como el “vértice” de una presunta estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra, con conexiones a sociedades instrumentales, pagos elevados a la empresa de sus hijas y posibles indicios de blanqueo procedente de Venezuela. Los detalles sobre Whathefav SL, los informes simulados y los flujos financieros han convencido a los aliados de que la causa tiene consistencia suficiente para no convertirla en una bandera política en este momento.

Además, los socios han descartado cualquier amenaza de retirar su apoyo al Gobierno para provocar su caída. Fuentes de los partidos minoritarios admiten que, aunque el escándalo es grave, no están dispuestos a sacrificar su posición de influencia y los presupuestos autonómicos o las concesiones obtenidas a cambio de estabilidad parlamentaria. “No vamos a tirar por la borda todo lo conseguido por un caso que, al fin y al cabo, afecta principalmente al PSOE”, señalan en privado. Esta postura pragmática prioriza la permanencia en las instituciones frente a una confrontación que podría adelantar elecciones en un contexto desfavorable.

En Moncloa observan estos movimientos con preocupación. El Gobierno intenta minimizar el impacto argumentando que se trata de una instrucción en curso y que Zapatero defenderá su inocencia en la declaración del 2 de junio. Sin embargo, la falta de respaldo contundente de sus aliados complica la estrategia de defensa política. Mientras el PP y Vox exigen explicaciones y la dimisión de responsabilidades, el bloque progresista se muestra dividido y cauto.

La Operación Tíbet sigue avanzando con nuevos registros y análisis de documentación. El cambio de actitud de los socios evidencia que, más allá de las declaraciones públicas, muchos en el bloque que sostiene al Gobierno consideran que los indicios contra Zapatero son serios y que una defensa a ultranza podría tener costes elevados. La prudencia ha sustituido a la indignación inicial, dejando al expresidente y al PSOE en una posición más aislada dentro del propio espacio político. La instrucción judicial continúa y su desenlace marcará sin duda el futuro inmediato del panorama político español.