Más de 4.200 detenidos en Perú por no pagar pensiones alimentarias en solo tres meses

En los últimos tres meses, las autoridades peruanas han detenido a más de 4.200 personas por incumplir con el pago de pensiones de alimentos...

En los últimos tres meses, las autoridades peruanas han detenido a más de 4.200 personas por incumplir con el pago de pensiones de alimentos ordenadas judicialmente, según informó el Ministerio Público. Esta cifra revela la magnitud de un problema social y legal que afecta a miles de familias en el país, donde el incumplimiento de estas obligaciones no solo genera tensiones económicas, sino que también deja en vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes que dependen de estos recursos para su manutención, educación y salud.

De acuerdo con los datos oficiales, el 72,6 % de los detenidos se encuentra en el rango etario de 28 a 47 años, es decir, personas en plena edad productiva que, por diversas razones, han dejado de cumplir con una sentencia judicial. Este grupo etario concentra la mayor parte de las obligaciones alimentarias derivadas de separaciones, divorcios o procesos de reconocimiento de paternidad. Las detenciones se enmarcan en operativos coordinados entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y los jueces de familia, que buscan dar cumplimiento efectivo a las resoluciones judiciales.

En Perú, no pagar una pensión alimentaria fijada por sentencia constituye un delito grave. Las penas pueden alcanzar hasta 3 o 4 años de prisión efectiva, según la gravedad y la reincidencia, además de trabajos comunitarios. Asimismo, los deudores son inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una herramienta que busca presionar el cumplimiento de las obligaciones mediante sanciones indirectas. Quienes figuran en este registro enfrentan restricciones significativas: dificultad para obtener créditos bancarios, impedimentos para realizar trámites notariales o registrales, limitaciones en concursos públicos laborales y, en algunos casos, restricciones en el ejercicio de derechos políticos, como postular a cargos de elección popular.

Esta situación refleja un problema estructural en la sociedad peruana. Aunque la ley es clara y busca proteger el interés superior del niño, muchos deudores argumentan dificultades económicas, desempleo, informalidad laboral o disputas prolongadas con las madres de sus hijos. Sin embargo, las autoridades recuerdan que la pensión alimentaria no es opcional, sino un derecho fundamental de los menores. Organizaciones como el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han impulsado campañas de concientización y facilitado mecanismos alternativos como descuentos directos en planillas o embargo de cuentas bancarias para evitar llegar a la prisión.

El alto número de detenciones también pone en evidencia la saturación del sistema judicial y penitenciario. Especialistas señalan que, más allá de las medidas coercitivas, sería necesario fortalecer políticas de mediación familiar, apoyo psicológico y programas de inserción laboral para deudores en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se hace un llamado a la corresponsabilidad parental: la crianza de los hijos es una obligación compartida que trasciende las separaciones conyugales.

Este tipo de operativos se ha intensificado en los últimos años gracias a mejoras en la coordinación interinstitucional y al uso de herramientas tecnológicas para localizar a deudores. No obstante, activistas y defensores de los derechos de la infancia insisten en que la verdadera solución pasa por una cultura de cumplimiento voluntario y por agilizar los procesos judiciales para que las pensiones se fijen y actualicen con mayor rapidez. Mientras tanto, las cifras siguen siendo alarmantes y recuerdan que miles de niños peruanos esperan cada mes un apoyo económico que muchas veces no llega, afectando directamente su desarrollo y calidad de vida.

Las autoridades han anunciado que los operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de reducir la morosidad y garantizar que las pensiones alimentarias cumplan su rol protector. Para muchos padres e hijos, estas acciones representan un rayo de esperanza en medio de una realidad compleja donde los derechos de los más vulnerables deben ser priorizados por encima de cualquier otra consideración.