Pedraz investiga pagos irregulares del PSOE a Leire Díez y vincula la trama a la carta de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa el origen de la presunta trama para frenar investigaciones judiciales sobre el entorno de Pedro Sánchez en la “Carta a la Ciudadanía” publicada tras la imputación de Begoña Gómez. El auto atribuye a Santos Cerdán pagos encubiertos a Leire Díez mediante facturas supuestamente falsas y señala una estructura destinada a influir en causas abiertas contra el PSOE y miembros del Ejecutivo.
El auto sitúa el inicio de la operación tras la imputación de Begoña Gómez
El juez Santiago Pedraz sostiene en un auto judicial que la denominada trama de las “cloacas del PSOE” comenzó a estructurarse tras la publicación de la “Carta a la Ciudadanía” difundida por Pedro Sánchez en abril de 2024, después de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Según la resolución, a la que han tenido acceso varios medios nacionales, la investigación apunta a una supuesta estrategia coordinada para neutralizar o desacreditar procedimientos judiciales que afectaban al entorno político y personal del presidente del Gobierno.
El magistrado atribuye un “papel superior” dentro de esa presunta estructura a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. El auto le sitúa como uno de los responsables de coordinar actuaciones dirigidas contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO), jueces y fiscales vinculados a distintas investigaciones.
La resolución judicial también menciona reuniones celebradas en la sede socialista de Ferraz durante el denominado periodo de reflexión anunciado por Sánchez. En ese contexto, el juez considera que se compartieron informaciones y audios relacionados con investigaciones abiertas que afectaban al Gobierno y al partido.
La causa permanece parcialmente bajo secreto de sumario y se investiga en una pieza separada abierta en la Audiencia Nacional. Entre los delitos analizados figuran organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, revelación de secretos y cohecho.
La investigación judicial se apoya en mensajes intervenidos, documentación económica y testimonios incorporados por la UCO durante los últimos meses. El juez sostiene que la estructura habría operado de forma continuada para influir en procedimientos que podían afectar políticamente al Ejecutivo y al PSOE.
Pagos encubiertos y un supuesto sueldo mensual en B
El auto judicial señala que Leire Díez habría percibido pagos periódicos relacionados con esas actividades. Según la resolución, el PSOE habría sufragado parte de los gastos mediante sociedades interpuestas y facturas presuntamente simuladas.
Pedraz sostiene que Díez pactó un supuesto sueldo de 4.000 euros mensuales en dinero no declarado a cambio de actuar para desactivar investigaciones de la UCO sobre el entorno de Pedro Sánchez. La resolución atribuye a Santos Cerdán la coordinación de esos pagos y menciona la participación de otros dirigentes y empresarios investigados.
La investigación también analiza la intervención de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y del exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Ambos han sido imputados por su posible participación en la canalización de pagos y en la emisión de documentación mercantil presuntamente falsa.
Los agentes de la UCO acudieron este miércoles a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para requerir documentación económica, dispositivos electrónicos y registros internos relacionados con la causa. El operativo incluyó además actuaciones en domicilios y despachos de varios investigados.
La Audiencia Nacional investiga si esos pagos tenían como finalidad promover campañas de desinformación y presiones sobre mandos policiales, fiscales y jueces que instruían causas sensibles para el Ejecutivo. El auto menciona actuaciones dirigidas contra responsables de la UCO y magistrados vinculados a investigaciones abiertas sobre el entorno gubernamental.
El PSOE ha defendido públicamente su disposición a colaborar con la Justicia y ha asegurado que facilitará toda la documentación requerida por los investigadores. Fuentes del partido han negado irregularidades contables y han pedido respeto a la presunción de inocencia.
La causa amplía la presión judicial y política sobre el PSOE
La resolución de Pedraz supone un nuevo frente judicial para el PSOE en un contexto marcado por varias investigaciones abiertas sobre personas vinculadas al entorno del Gobierno y del partido. La oposición ha reclamado explicaciones y ha pedido responsabilidades políticas tras conocerse el contenido del auto.
El juez considera que la presunta trama no se limitaba a acciones aisladas, sino que respondía a una estructura organizada con reparto de funciones y financiación estable. La investigación intenta determinar si existió una estrategia coordinada para influir en procedimientos judiciales y desacreditar a investigadores.
La causa conecta además con otras diligencias abiertas sobre adjudicaciones públicas, presuntas comisiones y contratos vinculados a empresas públicas y sociedades privadas investigadas por la Audiencia Nacional. Parte de esas pesquisas se centran en operaciones valoradas en más de 130 millones de euros.
El auto judicial no implica condena y las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia mientras continúe la instrucción. La Audiencia Nacional prevé nuevas diligencias durante las próximas semanas para analizar documentación económica y comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil.
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