Shakira gana su batalla judicial contra Hacienda y recuperará 60 millones de euros

Tras ocho años de intensa disputa legal, la cantante colombiana Shakira ha obtenido una victoria rotunda frente a la Agencia Estatal de Adm...

Tras ocho años de intensa disputa legal, la cantante colombiana Shakira ha obtenido una victoria rotunda frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La Audiencia Nacional ha dictado sentencia a su favor en el caso correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, anulando íntegramente las liquidaciones y sanciones impuestas por la Hacienda española y condenando a la Administración a devolverle alrededor de 60 millones de euros, incluyendo intereses y el pago de las costas del proceso. 

La resolución judicial confirma lo que la artista y su equipo legal sostuvieron desde el primer día: nunca existió fraude fiscal porque Shakira no cumplía los requisitos para ser considerada residente fiscal en España durante ese año. Según la legislación española, una persona se considera residente fiscal si permanece más de 183 días en el territorio nacional. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha validado que la cantante solo estuvo 163 días en España en 2011, principalmente debido a su intensa gira mundial que la llevó a actuar en 37 países diferentes con más de 120 conciertos. 

Esta decisión pone fin a una larga batalla que comenzó cuando la AEAT consideró que Shakira debía tributar por sus rentas mundiales en España ese año, reclamándole más de 55 millones de euros entre impuestos sobre la renta (IRPF), impuesto de patrimonio y las correspondientes sanciones. La artista recurrió las liquidaciones y defendió que su centro de intereses vitales y económicos no estaba en España, argumentando su constante movilidad internacional y sus vínculos en otros países. Los jueces han dado la razón a esta tesis, señalando que la Administración no logró acreditar ni la permanencia suficiente ni la existencia de un núcleo familiar o económico principal en territorio español. 

La sentencia, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, anula la resolución previa del Tribunal Económico-Administrativo Central de julio de 2021. Además de la devolución de las cantidades ingresadas y avaladas (alrededor de 55 millones), Hacienda deberá abonar los intereses de demora acumulados, elevando la cifra total a cerca de 60 millones de euros. El equipo legal de Shakira ha celebrado el fallo como una reivindicación clara: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”. 

La artista ha expresado públicamente el alto coste personal que ha supuesto este proceso. En un comunicado, Shakira denunció haber soportado “un señalamiento público brutal”, campañas que afectaron su reputación, su salud y el bienestar de su familia. Destacó que esta victoria no solo es económica, sino también moral, y expresó su deseo de que sirva de precedente para otros contribuyentes que se enfrentan a procedimientos similares donde se presume su culpabilidad desde el inicio. 

Es importante aclarar que esta resolución se refiere exclusivamente al año 2011 y no afecta a los procedimientos de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, por los que Shakira alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en 2023. En aquel caso, aceptó una condena de tres años de prisión (suspendida) y el pago de una multa de más de 7 millones de euros para evitar el juicio oral. 

Desde la Agencia Tributaria ya han anunciado que instarán a la Abogacía del Estado a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el caso podría prolongarse. No obstante, para Shakira representa un importante desahogo tras años de presión mediática y judicial. Esta victoria llega en un momento en el que la cantante, residente en Miami, continúa consolidando su carrera internacional y su rol como una de las artistas latinas más influyentes del mundo. 

El fallo de la Audiencia Nacional subraya la importancia de las pruebas objetivas en materia tributaria y refuerza el principio de que la carga de la prueba recae en la Administración. Para millones de seguidores y contribuyentes, se trata de un recordatorio de que incluso las figuras públicas más expuestas pueden defender sus derechos con éxito cuando la justicia valida sus argumentos.