El gobierno de Nicolás Maduro excarceló a los exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar , Héctor Rovaín y Luis ...
El gobierno de Nicolás Maduro excarceló a los exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina. Los tres agentes, considerados por organizaciones de derechos humanos como los presos políticos más antiguos del país, recuperaron su libertad la noche del 19 de mayo de 2026 tras pasar más de 23 años y un mes privados de libertad.
Su detención se remonta al 19 de abril de 2003, cuando se presentaron voluntariamente ante las autoridades. Fueron acusados por su presunta participación en los sucesos violentos del 11 de abril de 2002 durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez, específicamente en los enfrentamientos ocurridos en Puente Llaguno y sus alrededores. Condenados a 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, su caso siempre fue denunciado por defensores de derechos humanos como un proceso plagado de irregularidades, falta de pruebas sólidas y fuerte motivación política. Durante más de dos décadas permanecieron recluidos, en los últimos años en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.
La liberación se produce en el marco de un anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la excarcelación de alrededor de 300 personas, incluyendo adultos mayores y detenidos con problemas de salud. Organizaciones como el Foro Penal confirmaron la medida y la atribuyeron a la creciente presión internacional y a gestiones diplomáticas que buscan mejorar la imagen del gobierno ante la comunidad global. Familiares y allegados recibieron con emoción el regreso de los tres exagentes, quienes salieron visiblemente afectados por el largo encierro pero con muestras de agradecimiento y fe.
Este caso simboliza uno de los capítulos más oscuros de la represión chavista contra funcionarios de seguridad percibidos como cercanos a la oposición o al orden institucional previo. Durante su reclusión, los tres hombres perdieron más de dos décadas de vida: vieron crecer a sus hijos a distancia, envejecer a sus padres y sufrir el deterioro de su propia salud física y emocional. Organizaciones no gubernamentales han documentado cómo su permanencia en prisión violó principios básicos del debido proceso y se utilizó como mensaje de escarmiento.
La noticia ha generado reacciones encontradas en Venezuela. Mientras sectores oficialistas la presentan como un gesto humanitario, la oposición y activistas de derechos humanos la celebran como una victoria parcial pero insuficiente. “Ninguna excarcelación borra el hecho de que se les arrebató media vida”, señalaron voceros del Foro Penal, quienes insistieron en que se mantendrá la exigencia de libertad para todos los presos políticos restantes.
El caso de los policías metropolitanos vuelve a poner en el centro del debate la situación de las cárceles venezolanas y el uso de la justicia con fines políticos. Analistas sostienen que estas liberaciones responden a un cálculo del gobierno ante el aislamiento internacional y la necesidad de oxígeno político. Sin embargo, para las familias y para una parte importante de la sociedad venezolana, representan el reconocimiento tardío de una injusticia prolongada.
Mientras Bolívar, Rovaín y Molina intentan reintegrarse a una Venezuela muy distinta a la que dejaron en 2003, la esperanza de muchos es que este paso abra camino a liberaciones masivas y al cierre definitivo del capítulo de los presos políticos en el país.
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