Argentina solicita a España la extradición de un excoronel venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas de 2014.
La justicia argentina ha solicitado a España la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana Ephraín Enrique Verdú Torrelles, acusado de crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas de 2014 en Venezuela. El militar, que se encuentra en territorio español y no ha sido detenido hasta el momento, está señalado en una causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que investiga el asesinato de una joven manifestante en el estado Carabobo.
Un proceso por crímenes de lesa humanidad en las protestas de 2014
Ephraín Enrique Verdú Torrelles, exalto mando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), es investigado por tribunales federales argentinos por su presunta implicación en hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2014 en Venezuela.
La causa se centra en la muerte de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante de 23 años que falleció tras recibir disparos durante una manifestación en el estado Carabobo, según consta en el expediente judicial citado por medios internacionales.
Los tribunales argentinos sostienen que los hechos podrían encuadrarse en la categoría de crímenes de lesa humanidad, lo que habilita la aplicación del principio de jurisdicción universal para su investigación fuera del país donde ocurrieron los hechos.
En el momento de los sucesos, Verdú ocupaba un cargo de responsabilidad dentro de un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que ha llevado a los investigadores a analizar su posible papel dentro de la cadena de mando del operativo.
La solicitud de extradición y el papel de España
La solicitud formal de extradición ha sido trasladada por las autoridades argentinas a España, donde el exmilitar se encuentra localizado actualmente.
Según la información publicada por distintas fuentes judiciales y periodísticas, el procedimiento ya ha sido autorizado en fases previas por el Gobierno argentino y se encuentra ahora bajo análisis de la jurisdicción española competente.
España deberá evaluar la petición conforme a los tratados de extradición vigentes y a la legislación internacional aplicable en materia de derechos humanos y crímenes internacionales.
Hasta el momento, no consta que el excoronel haya sido detenido en territorio español, a la espera de la resolución de las autoridades judiciales.
El caso se enmarca en un proceso más amplio impulsado por la justicia argentina para investigar posibles violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la represión de las protestas en Venezuela.
Una causa abierta bajo jurisdicción universal
La investigación se apoya en el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales nacionales juzgar determinados delitos internacionales independientemente del lugar donde se hayan cometido o de la nacionalidad de los implicados.
Este mecanismo ha sido utilizado en distintos casos de crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos cuando no existen avances suficientes en los países de origen.
En este procedimiento, las autoridades argentinas han incorporado denuncias de organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas de la represión de 2014.
El avance de la causa ha abierto la vía a la primera solicitud de extradición derivada de esta investigación, lo que supone un paso relevante en el desarrollo del expediente judicial.
La decisión final sobre la entrega del exmilitar dependerá ahora de los tribunales españoles, que deberán determinar si se cumplen los requisitos legales para su extradición a Argentina.
El caso continúa abierto y en fase de tramitación, en un contexto de creciente cooperación judicial internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.
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