Bruselas recuerda a España que debe verificar que los inmigrantes regularizados no supongan un riesgo para la seguridad.
La Comisión Europea ha reiterado que corresponde al Gobierno español garantizar que los inmigrantes beneficiados por el proceso extraordinario de regularización no representen una amenaza para la seguridad. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, respondió así a una consulta parlamentaria impulsada por el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, quien cuestionó los mecanismos de control previstos en la normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Brunner subraya la responsabilidad de las autoridades españolas
En su respuesta, Magnus Brunner recordó que los procesos de regularización de personas extranjeras que ya residen en un Estado miembro son una competencia nacional y, por tanto, corresponden a cada gobierno.
No obstante, el comisario insistió en que esa competencia lleva aparejada la obligación de realizar comprobaciones individuales y adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos para la seguridad pública.
La Comisión Europea mantiene que los Estados miembros disponen de margen para diseñar sus políticas de migración legal, pero deben garantizar que sus decisiones no generen efectos negativos sobre otros países de la Unión ni sobre el funcionamiento del espacio Schengen.
Brunner ya había advertido anteriormente de que un permiso de residencia expedido por un Estado miembro "no es un cheque en blanco" para circular o establecerse libremente en cualquier otro país de la Unión Europea.
La denuncia de Vox se centra en los antecedentes penales
La respuesta de Bruselas llega después de una pregunta formulada por Jorge Buxadé ante las instituciones europeas.
El dirigente de Vox sostiene que el procedimiento extraordinario de regularización podría permitir la obtención de permisos de residencia sin una comprobación efectiva de antecedentes penales cometidos fuera de España.
Según la argumentación trasladada por el eurodiputado, la normativa contempla mecanismos alternativos cuando las autoridades del país de origen no remiten la documentación requerida dentro de determinados plazos.
Buxadé afirma que esta circunstancia podría derivar en la regularización de personas cuyos antecedentes no hayan podido ser verificados adecuadamente.
La Comisión Europea no asumió esa interpretación, pero sí recordó que corresponde a España efectuar las comprobaciones necesarias caso por caso y garantizar que quienes obtengan autorización de residencia no constituyan una amenaza para la seguridad.
Bruselas mantiene que la regularización es una competencia nacional
La posición de la Comisión Europea sobre este asunto se ha mantenido relativamente estable durante los últimos meses.
Brunner ha señalado en distintas ocasiones que las regularizaciones extraordinarias forman parte de las competencias nacionales de los Estados miembros y que Bruselas no dispone de capacidad para vetarlas directamente.
Al mismo tiempo, el comisario ha insistido en que cualquier medida migratoria debe tener en cuenta sus posibles repercusiones sobre el conjunto de la Unión Europea y sobre el espacio Schengen.
La Comisión también ha advertido de que una gestión inadecuada de la inmigración irregular puede afectar a la confianza entre Estados miembros y provocar tensiones en el sistema de libre circulación europeo.
El debate sobre la regularización impulsada por el Gobierno español continúa abierto tanto en las instituciones comunitarias como en el ámbito político nacional.
Mientras tanto, Bruselas mantiene que la decisión corresponde a España, aunque recuerda que las autoridades nacionales son responsables de garantizar los controles de seguridad y el cumplimiento de las normas europeas aplicables.
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