El Supremo condena a Ábalos a 24 años y a Koldo a 19 en el caso mascarillas. Aldama evita la prisión por colaborar.
El Tribunal Supremo ha condenado este lunes al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por su implicación en el denominado caso mascarillas. El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, aunque el alto tribunal ha suspendido su ingreso en prisión debido a su colaboración con la Justicia.
El fallo del Supremo pone fin al primer juicio del caso
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho público el sentido de la sentencia tras el juicio celebrado entre abril y mayo de este año.
Según el fallo, Ábalos ha sido considerado responsable de delitos relacionados con organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco de las adjudicaciones investigadas durante la pandemia.
Koldo García, considerado una de las piezas centrales de la trama, ha recibido una condena de 19 años y ocho meses de prisión por su participación en los mismos hechos.
La sentencia fue adoptada por unanimidad por el tribunal encargado de juzgar la causa.
Aldama evita la cárcel por su colaboración
El empresario Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión.
No obstante, el Supremo ha acordado suspender el cumplimiento efectivo de la pena al apreciar de forma relevante su colaboración durante la investigación y el proceso judicial.
La medida queda condicionada a que no vuelva a delinquir y al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad durante un año, según las informaciones difundidas tras conocerse el fallo.
Durante la investigación, Aldama aportó documentación, declaraciones y elementos probatorios que fueron incorporados a la causa.
A la espera de conocer la sentencia íntegra
Por el momento, el Tribunal Supremo ha dado a conocer el fallo, aunque el texto completo de la sentencia todavía no ha sido publicado.
La resolución constituye una de las decisiones judiciales más relevantes derivadas de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la adquisición de material sanitario durante la crisis de la COVID-19.
Los magistrados consideran acreditada la existencia de una estructura que obtuvo beneficios ilícitos mediante contratos públicos, una conclusión sustentada en pruebas documentales, periciales y testimoniales analizadas durante el juicio.
La publicación íntegra de la sentencia permitirá conocer con detalle la fundamentación jurídica del fallo y el razonamiento seguido por el tribunal para imponer las penas a cada uno de los condenados.
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