El Supremo indemniza con 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 18 años en prisión por error judicial.
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre a recibir una indemnización de 2,5 millones de euros por haber permanecido casi 18 años en prisión tras ser condenado por dos violaciones de las que fue posteriormente absuelto. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al considerar que la condena se produjo pese a la existencia de una prueba de ADN que descartaba su participación en los hechos. El alto tribunal señala que los jueces que lo condenaron omitieron valorar un informe pericial que demostraba que su perfil genético no coincidía con los restos biológicos hallados en la víctima.
El error judicial reconocido por el Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que existió un “error judicial inequívoco y cualificado” en la tramitación del caso. La Sala ha constatado que, durante el proceso, se incorporó a la causa un informe pericial de ADN que excluía al condenado como autor de las agresiones, pero este elemento de prueba no fue debidamente valorado por el tribunal sentenciador.
Esta omisión resultó determinante, ya que la prueba biológica era concluyente y descartaba la participación del acusado. La resolución del Supremo subraya que la falta de valoración adecuada de esta evidencia condujo a una condena injusta que se prolongó durante casi 18 años.
La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado la indemnización en 2,5 millones de euros. Esta cantidad compensa tanto el tiempo de privación de libertad como los daños morales y materiales derivados de la condena injusta.
La decisión se basa en la doctrina de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, prevista en la legislación española. Se trata de una de las indemnizaciones más elevadas reconocidas en España por este concepto, lo que refleja la gravedad y duración de la privación de libertad sufrida.
Consecuencias y valoración del caso
El hombre fue condenado por dos delitos de violación y cumplió casi 18 años de prisión antes de ser absuelto. Tras su excarcelación, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que ha culminado con el fallo favorable del Tribunal Supremo.
El alto tribunal ha subrayado que la Administración de Justicia debe asumir las consecuencias de los errores cometidos en su funcionamiento. Este caso pone de manifiesto las posibles fallas en la valoración de la prueba científica, especialmente del ADN, que en la actualidad constituye una herramienta fundamental en la investigación criminal.
La resolución también servirá como precedente para futuros casos de error judicial en España. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han valorado positivamente la decisión, aunque han recordado la dificultad que tienen los condenados inocentes para obtener reparaciones proporcionales al daño sufrido.
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