Interior reconoce que Leire Díez contó con un dispositivo de contravigilancia durante dos meses, una medida que ha generado polémica política.
El Ministerio del Interior reconoció que se asignó un dispositivo policial de contravigilancia a Leire Díez durante aproximadamente dos meses, una medida que ha generado controversia política al coincidir con investigaciones en las que aparecía mencionada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La protección fue solicitada por Díez
Según las informaciones publicadas, el dispositivo habría sido activado tras una petición realizada por la propia Leire Díez, alegando preocupaciones relacionadas con su seguridad.
Las labores de contravigilancia suelen utilizarse para detectar posibles seguimientos, amenazas o riesgos contra una persona protegida y son diferentes de la asignación permanente de escoltas.
Debate político sobre la decisión
La revelación ha provocado críticas por parte de sectores de la oposición, que cuestionan la conveniencia de adoptar medidas de protección policial sobre una persona que aparecía vinculada a investigaciones en curso.
Fuentes citadas en distintas informaciones consideran especialmente sensible que la medida coincidiera temporalmente con actuaciones desarrolladas por la UCO.
Polémica sobre las declaraciones de Interior
La controversia también se ha centrado en las declaraciones del ministro Fernando Grande-Marlaska.
Los críticos sostienen que las explicaciones ofrecidas inicialmente por el Ministerio fueron incompletas al no mencionar la existencia de estas labores de contravigilancia, mientras que Interior defiende que no se trataba de un servicio de escolta permanente ni de una protección extraordinaria.
Investigación y contexto
El caso continúa en el ámbito judicial y político, con distintas diligencias abiertas para esclarecer las actuaciones de las personas investigadas y las circunstancias que rodearon determinados movimientos dentro de la denominada trama vinculada al caso SEPI.
Por el momento, la existencia de un dispositivo de contravigilancia no implica ninguna valoración judicial sobre el fondo de la investigación, aunque sí ha añadido un nuevo foco de debate sobre la actuación de las instituciones y la gestión de la seguridad de personas relacionadas con causas de alto perfil público.
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