Directivos de Plus Ultra presentan escritos ante la Audiencia Nacional e implican a Zapatero en el rescate de la aerolínea de 2021.
Los máximos responsables de Plus Ultra han presentado escritos ante la Audiencia Nacional en los que reconocen haber recurrido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a un empresario presuntamente vinculado a él para facilitar el rescate público de la aerolínea en 2021. Según la documentación remitida al tribunal, los directivos admiten que asumieron el pago de comisiones relacionadas con la operación, unas afirmaciones que deberán ser contrastadas durante la instrucción judicial y respecto de las cuales las defensas podrán ejercer su derecho de contradicción.
El caso del rescate de Plus Ultra ha dado un nuevo giro con la presentación de varios escritos de colaboración remitidos a la Audiencia Nacional por parte de antiguos responsables de la compañía aérea.
Después de que el empresario Julio Martínez Martínez manifestara su voluntad de colaborar con la investigación judicial, también lo han hecho el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli.
En los documentos enviados al juzgado, ambos sostienen que recurrieron al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al empresario Julio Martínez Martínez para facilitar la obtención del rescate aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
Los escritos incorporan además el reconocimiento de diversos pagos que, según su versión, habrían estado relacionados con las gestiones realizadas para acceder a las ayudas públicas concedidas a la aerolínea.
Las manifestaciones forman parte del procedimiento judicial que investiga las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra y deberán ser valoradas junto al resto de pruebas incorporadas a la causa.
Los escritos remitidos a la Audiencia Nacional
La documentación presentada por los responsables de la aerolínea constituye uno de los elementos más recientes incorporados a la investigación.
En sus respectivos escritos, los directivos afirman que buscaron apoyo externo para lograr la aprobación del rescate estatal de 53 millones de euros.
Según su relato, las gestiones fueron desarrolladas por José Luis Rodríguez Zapatero y por Julio Martínez Martínez, a quien diversas investigaciones sitúan como una persona con capacidad de intermediación en la operación.
Los responsables de la compañía sostienen igualmente que conocían la existencia de una contraprestación económica vinculada al éxito de dichas gestiones.
En concreto, afirman que aceptaron el pago de una comisión equivalente al 1 % del importe del rescate aprobado por el Gobierno.
Estas afirmaciones forman parte de una estrategia procesal de colaboración con la Justicia y deberán ser examinadas durante la fase de instrucción.
Hasta el momento, el contenido de los escritos refleja exclusivamente la versión ofrecida por quienes los han firmado dentro del procedimiento judicial.
Corresponderá al tribunal determinar el alcance probatorio de estas declaraciones una vez sean contrastadas con el resto de la documentación incorporada al sumario.
El supuesto reparto de la comisión
Uno de los aspectos más detallados de los escritos hace referencia al destino de los pagos realizados tras la aprobación del rescate.
Según exponen los directivos, la comisión pactada se habría distribuido mediante diversos abonos a sociedades vinculadas con Julio Martínez Martínez.
Entre las cantidades descritas figuran 249.000 euros abonados a la sociedad Análisis Relevante.
También aparecen 98.617,53 euros destinados a Voli Analítica SL y otros 110.799,47 euros transferidos a IOT Domotic Europe SL.
Los escritos añaden igualmente que el empresario pretendía inicialmente percibir la totalidad de la cantidad comprometida en efectivo.
Sin embargo, según la versión ofrecida por los responsables de Plus Ultra, parte de esa contraprestación terminó materializándose mediante billetes de avión en clase business.
La valoración atribuida a esos vuelos asciende a unos 69.000 euros, según el contenido de la documentación remitida al tribunal.
Todas estas operaciones forman parte ahora del objeto de investigación judicial.
Será la Audiencia Nacional la encargada de analizar si dichos pagos guardan relación con las gestiones realizadas para obtener el rescate público y si pudieron tener relevancia penal.
Una causa que continúa abierta
El rescate de Plus Ultra ha permanecido durante los últimos años en el centro del debate político y judicial.
La ayuda pública fue aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
Desde entonces, diversas actuaciones judiciales han tratado de esclarecer tanto las circunstancias de la concesión como los contactos mantenidos durante la tramitación del expediente.
La nueva documentación presentada por antiguos responsables de la compañía supone un nuevo elemento dentro de esa investigación.
No obstante, el procedimiento continúa en fase de instrucción y las afirmaciones contenidas en los escritos todavía deberán ser sometidas a contraste mediante las diligencias que acuerde el tribunal.
Las personas mencionadas en dichos documentos mantienen plenamente su derecho de defensa y podrán impugnar las acusaciones formuladas durante el desarrollo del proceso.
El principio de presunción de inocencia continúa siendo plenamente aplicable mientras no exista una resolución judicial firme.
En las próximas semanas, la Audiencia Nacional deberá decidir qué nuevas diligencias practica a la vista de la información aportada por los directivos de la aerolínea.
Entre las posibilidades figura la toma de nuevas declaraciones, la incorporación de documentación mercantil y bancaria o la solicitud de informes complementarios que permitan verificar el recorrido de los pagos descritos en los escritos.
La evolución del procedimiento será determinante para establecer si las manifestaciones realizadas por los responsables de Plus Ultra encuentran respaldo en otras pruebas independientes.
Mientras tanto, el caso continúa avanzando en sede judicial y mantiene el foco sobre uno de los rescates empresariales más controvertidos aprobados durante la crisis provocada por la pandemia.
La investigación sigue abierta y será el desarrollo del procedimiento el que determine la validez jurídica de las declaraciones incorporadas recientemente a la causa, así como las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.
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