Hazte Oír lleva a Europa los indultos concedidos por el Gobierno a condenados por corrupción y cuestiona su compatibilidad con el Estado de derecho.
La asociación Hazte Oír ha presentado cinco escritos ante diferentes organismos de la Unión Europea para denunciar los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a Laura Borràs, Natalio Grueso y Juan Fernández, todos ellos condenados por delitos relacionados con la corrupción. La organización considera que las medidas de gracia vulneran principios de igualdad ante la ley y cuestionan el Estado de derecho, mientras sostiene que la decisión responde a criterios políticos y no jurídicos.
La polémica por los indultos concedidos por el Gobierno a varios condenados por corrupción ha dado un nuevo paso con la decisión de la asociación Hazte Oír de trasladar el asunto a instituciones europeas.
La organización ha anunciado la presentación de cinco escritos dirigidos a distintos organismos de la Unión Europea con el objetivo de denunciar lo que considera un uso indebido del derecho de gracia por parte del Ejecutivo.
Las acciones se centran en los indultos concedidos a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña; Natalio Grueso, exdirector de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas (SEACEX); y Juan Fernández, todos ellos condenados en procedimientos judiciales relacionados con delitos de corrupción.
Según la asociación, la concesión de estas medidas de gracia plantea dudas sobre el respeto a los principios de igualdad ante la ley y sobre el funcionamiento del Estado de derecho.
Hazte Oír sostiene que las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros no responden a criterios estrictamente jurídicos, sino a valoraciones de carácter político.
La iniciativa busca que las instituciones europeas examinen si la utilización del indulto en estos casos resulta compatible con los compromisos asumidos por España en materia de lucha contra la corrupción y protección de la independencia judicial.
Por el momento, ninguna institución comunitaria ha comunicado la apertura de actuaciones relacionadas con los escritos registrados por la asociación.
La asociación cuestiona el indulto de Laura Borràs
Uno de los principales argumentos expuestos por Hazte Oír se refiere al indulto parcial concedido a Laura Borràs.
La portavoz y abogada de la organización, Nouna Lozano, sostiene que el Gobierno presenta la medida como un cumplimiento de la sentencia cuando, a su juicio, se trata de una decisión exclusivamente política.
Según explica la asociación, el tribunal que dictó la condena únicamente formuló una propuesta de indulto parcial sin carácter vinculante.
Hazte Oír recuerda que el Ejecutivo tenía plena capacidad para aceptar o rechazar esa recomendación y considera que optó por modificar la pena de prisión por motivos ajenos al contenido de la resolución judicial.
En su interpretación, la reducción de la condena hasta situarla en dos años podría evitar el ingreso efectivo en prisión de la expresidenta del Parlament.
La organización sostiene que este resultado altera de forma significativa las consecuencias derivadas de una sentencia firme por delitos relacionados con la contratación pública.
El indulto parcial mantiene la pena de inhabilitación impuesta por los tribunales, aunque elimina el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad.
Para Hazte Oír, esa modificación constituye una decisión política que debería ser objeto de examen por parte de las instituciones europeas.
La asociación considera que este tipo de actuaciones pueden afectar a la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del sistema judicial.
Cinco escritos dirigidos a instituciones europeas
La iniciativa presentada por Hazte Oír comprende un total de cinco escritos registrados ante diferentes organismos europeos.
La organización pretende que las instituciones comunitarias analicen si la utilización del derecho de gracia en casos relacionados con la corrupción resulta compatible con los principios recogidos en el marco jurídico de la Unión Europea.
Aunque la asociación no ha detallado públicamente el contenido íntegro de todos los documentos, sí ha señalado que en ellos se cuestiona la oportunidad política de los indultos y sus posibles efectos sobre la percepción de independencia institucional.
Entre los argumentos expuestos figura la necesidad de preservar la igualdad ante la ley y garantizar que las condenas por delitos de corrupción mantengan un efecto disuasorio.
Hazte Oír sostiene que el uso reiterado de medidas de gracia en procedimientos de esta naturaleza puede generar dudas sobre el compromiso institucional frente a la corrupción.
Asimismo, considera que las instituciones europeas deben valorar si este tipo de decisiones afectan a los estándares de transparencia y buen gobierno exigidos a los Estados miembros.
Hasta el momento, no consta que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo u otros organismos hayan anunciado actuaciones derivadas de esta iniciativa.
La presentación de escritos ante instituciones comunitarias constituye un procedimiento habitual para trasladar denuncias o solicitudes de intervención, aunque su admisión no implica necesariamente la apertura de un procedimiento formal.
El debate sobre el uso del derecho de gracia
Los indultos concedidos por el Gobierno han generado un intenso debate político durante las últimas semanas.
Los partidos favorables a la medida recuerdan que el derecho de gracia está reconocido por la legislación española y corresponde al Consejo de Ministros decidir sobre cada expediente tras la tramitación administrativa prevista por la ley.
Por el contrario, diversas organizaciones y formaciones políticas consideran que el indulto debería aplicarse de forma especialmente restrictiva cuando afecta a condenas relacionadas con delitos de corrupción.
El caso de Laura Borràs ha adquirido una especial relevancia por tratarse de una dirigente política condenada por contratación pública irregular.
Los otros dos beneficiarios citados por Hazte Oír también fueron condenados en procedimientos relacionados con la gestión de recursos públicos.
Desde el Gobierno se mantiene que cada expediente de indulto se estudia de manera individual y conforme a los informes incorporados al procedimiento administrativo.
La concesión del indulto no supone la anulación de la condena ni modifica la declaración de culpabilidad establecida por los tribunales, sino únicamente el cumplimiento total o parcial de la pena.
La controversia vuelve a situar sobre la mesa el debate acerca de una posible reforma de la Ley del Indulto, una cuestión planteada en diversas ocasiones durante las últimas legislaturas sin que hasta ahora se hayan producido modificaciones normativas.
Mientras tanto, la decisión de Hazte Oír de acudir a las instituciones europeas añade una nueva dimensión internacional a un debate que continúa desarrollándose tanto en el ámbito político como jurídico.
Será ahora el criterio de las instituciones comunitarias el que determine si los escritos presentados dan lugar o no a actuaciones adicionales.
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