Los precedentes de Gaza, Polonia, Grecia y la Marcha Verde reabren el debate sobre la gestión de grandes crisis fronterizas.
La reciente crisis registrada en Ceuta ha reabierto el debate sobre cómo debe responder un Estado ante concentraciones masivas de personas que intentan cruzar una frontera. Diversos análisis han comparado lo ocurrido con otros episodios internacionales, como la Gran Marcha del Retorno en Gaza, la crisis migratoria entre Bielorrusia y Polonia en 2021, los incidentes en la frontera greco-turca de Evros en 2020 o la Marcha Verde organizada por Marruecos sobre el Sáhara Occidental en 1975. Cada uno de estos casos presenta importantes diferencias jurídicas, políticas y militares, aunque todos han sido utilizados para reflexionar sobre la gestión de las fronteras y el uso de la fuerza.
La gestión de grandes concentraciones de personas en zonas fronterizas constituye uno de los desafíos más complejos para cualquier Estado. La reciente situación vivida en Ceuta ha reactivado un debate que combina aspectos de seguridad, derecho internacional, inmigración, defensa y política exterior.
Diversos analistas han planteado que determinados episodios de presión migratoria podrían enmarcarse dentro de las denominadas estrategias de guerra híbrida, un concepto utilizado para describir acciones que combinan instrumentos políticos, económicos, sociales, informativos o migratorios con el objetivo de ejercer presión sobre otro Estado sin llegar a un conflicto militar convencional.
No obstante, la calificación jurídica y estratégica de cada episodio depende de múltiples factores y no existe un consenso internacional que permita considerar automáticamente cualquier crisis migratoria como un acto de guerra híbrida.
En ese contexto, distintos especialistas han recurrido a precedentes históricos para analizar cómo otros países respondieron ante situaciones similares.
La Gran Marcha del Retorno y la respuesta israelí
Uno de los casos más citados es la denominada Gran Marcha del Retorno, desarrollada a partir de 2018 en la frontera entre Gaza e Israel.
Durante varios meses, miles de palestinos participaron en manifestaciones junto a la valla fronteriza con el objetivo declarado de reclamar el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
En los momentos de mayor participación, distintas estimaciones situaron la presencia simultánea de manifestantes en torno a las decenas de miles de personas.
Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron mediante un amplio dispositivo de seguridad que incluyó el empleo de fuego real en determinadas circunstancias.
Las autoridades israelíes defendieron entonces que la actuación respondía a la necesidad de impedir infiltraciones de miembros armados mezclados entre los manifestantes y proteger la integridad de la frontera.
Diversos organismos internacionales, entre ellos una comisión de investigación de Naciones Unidas, documentaron un elevado número de fallecidos y miles de heridos durante aquellos acontecimientos.
La actuación israelí fue objeto de una intensa controversia internacional y dio lugar a numerosas críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Israel rechazó esas acusaciones y mantuvo que actuó conforme a sus necesidades de seguridad nacional.
Polonia y Grecia apostaron por medios no letales
Otro precedente habitualmente mencionado corresponde a la crisis migratoria registrada en la frontera entre Bielorrusia y Polonia durante 2021.
Miles de migrantes fueron concentrados en distintos puntos fronterizos en un contexto de fuerte tensión política entre Minsk y la Unión Europea.
Las autoridades polacas desplegaron un amplio dispositivo compuesto por militares, policías, unidades antidisturbios y barreras físicas para impedir la entrada.
Entre los medios empleados figuraban alambradas reforzadas, vehículos especializados, cañones de agua, gases irritantes y otros instrumentos antidisturbios.
El Gobierno polaco acusó entonces a Bielorrusia de organizar deliberadamente los movimientos migratorios para desestabilizar la frontera oriental de la Unión Europea.
La Unión Europea respaldó ampliamente esa interpretación.
No obstante, el dispositivo polaco evitó el uso generalizado de fuego letal como herramienta principal de control.
Una situación similar se produjo en marzo de 2020 en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, en la zona del río Evros.
Tras la apertura temporal de las fronteras anunciada por Turquía, miles de migrantes intentaron acceder al territorio griego.
Grecia respondió desplegando efectivos militares, fuerzas antidisturbios, vehículos blindados, gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles de impacto.
Aunque durante los enfrentamientos se registraron numerosos heridos, el empleo sistemático de munición letal no formó parte de la respuesta oficial reconocida por Atenas.
La Marcha Verde de 1975 continúa siendo el principal precedente
En el caso español, el precedente histórico más citado sigue siendo la Marcha Verde organizada por Marruecos en noviembre de 1975.
Aquel episodio movilizó aproximadamente a 350.000 civiles marroquíes hacia el entonces Sáhara Español, acompañados por un importante despliegue militar de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes.
El objetivo declarado por Rabat consistía en reforzar sus reivindicaciones territoriales sobre el Sáhara Occidental.
España optó entonces por no recurrir al uso de la fuerza contra la multitud y poco después firmó los Acuerdos de Madrid, iniciando su retirada del territorio.
La Marcha Verde continúa siendo uno de los acontecimientos más relevantes en las relaciones entre España, Marruecos y el Sáhara Occidental.
Su desarrollo y sus consecuencias siguen siendo objeto de análisis por parte de historiadores, juristas y especialistas en relaciones internacionales.
Ceuta y el debate actual
Las comparaciones entre aquellos precedentes y la situación registrada recientemente en Ceuta forman parte del debate político y académico abierto en España.
Algunos analistas consideran que determinados movimientos masivos de población podrían responder a dinámicas de presión política organizadas.
Otros recuerdan que cada episodio presenta características muy diferentes y que resulta necesario analizar cada caso atendiendo a sus circunstancias concretas.
Desde el punto de vista jurídico, el uso de la fuerza por parte de los Estados se encuentra regulado tanto por el derecho internacional como por la legislación nacional y los principios de necesidad, proporcionalidad y protección de los derechos humanos.
Las autoridades españolas mantienen que la gestión de la frontera debe desarrollarse dentro de ese marco legal.
Por el momento, el Gobierno no ha calificado oficialmente los acontecimientos registrados en Ceuta como un acto de guerra híbrida ni ha atribuido públicamente la organización de los movimientos migratorios al Estado marroquí.
Mientras continúa el debate político, la comparación con otros precedentes internacionales pone de manifiesto que las respuestas estatales frente a grandes concentraciones de personas en zonas fronterizas han sido muy diferentes según el contexto político, jurídico y estratégico de cada país.
La discusión sobre cuál debe ser el equilibrio entre seguridad fronteriza, protección de los derechos fundamentales y estabilidad regional continúa abierta tanto en España como en el conjunto de Europa.
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