El Gobierno prepara un plan para redistribuir por la Península a unos 500 menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva.
El Ministerio de Juventud e Infancia prepara un plan extraordinario para redistribuir por distintos puntos de la Península a alrededor de 500 menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio. El Ejecutivo estudia apoyarse en entidades sociales financiadas con fondos públicos para agilizar el proceso y aliviar la presión sobre los recursos de acogida de la ciudad autónoma.
El Gobierno trabaja en un nuevo dispositivo destinado a reducir la presión sobre el sistema de acogida de Ceuta, donde continúan atendidos centenares de menores extranjeros no acompañados tras la llegada masiva registrada durante los últimos días de julio.
Según las informaciones conocidas, el Ministerio de Juventud e Infancia ultima un plan de choque que contempla el traslado progresivo de unos 500 menores a diferentes puntos de la Península.
El objetivo del Ejecutivo consiste en aliviar la saturación de los recursos asistenciales existentes en la ciudad autónoma y garantizar una atención adecuada a los menores mientras se resuelve su situación administrativa.
Las autoridades consideran que la permanencia prolongada de un elevado número de menores en Ceuta dificulta el funcionamiento normal del sistema de protección y obliga a buscar soluciones de carácter extraordinario.
Por ello, el Gobierno pretende acelerar el proceso de redistribución durante las próximas semanas.
El Ejecutivo recurrirá a entidades sociales para agilizar el proceso
Uno de los aspectos más relevantes del plan consiste en el papel que desempeñarán diversas organizaciones privadas subvencionadas que colaboran habitualmente con las administraciones públicas en la atención a menores y colectivos vulnerables.
Según las informaciones difundidas, el Gobierno pretende apoyarse en estas entidades para agilizar los traslados y ampliar la capacidad de acogida disponible.
La fórmula permitiría incrementar las plazas disponibles sin depender exclusivamente de los recursos gestionados directamente por las comunidades autónomas.
El Ejecutivo considera que esta vía puede facilitar una respuesta más rápida ante la situación excepcional generada por la llegada masiva registrada en Ceuta.
La medida también pretende evitar retrasos derivados de los procedimientos administrativos necesarios para formalizar el traslado y la posterior tutela de los menores.
Las organizaciones sociales participan desde hace años en distintos programas de protección de menores, integración social y atención humanitaria financiados con fondos públicos.
Ahora podrían asumir un papel especialmente relevante en este nuevo dispositivo extraordinario.
Continúa el debate con las comunidades autónomas
La redistribución de menores extranjeros no acompañados continúa siendo uno de los asuntos que más tensiones genera entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas.
En los últimos meses, distintos ejecutivos regionales han expresado públicamente sus dificultades para asumir nuevas plazas de acogida debido a la elevada ocupación de sus propios recursos.
Algunas administraciones consideran que el reparto debería ir acompañado de una financiación suficiente y de mecanismos estables de coordinación entre todas las instituciones implicadas.
El Gobierno, por su parte, defiende que la solidaridad entre territorios resulta imprescindible cuando una comunidad o una ciudad autónoma soporta una presión migratoria especialmente intensa.
En este contexto, la utilización de entidades sociales aparece como una alternativa que podría facilitar la puesta en marcha del operativo sin modificar inmediatamente el reparto ordinario de competencias.
No obstante, el debate político sobre la distribución de menores continúa abierto y previsiblemente seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda institucional durante las próximas semanas.
Ceuta mantiene una elevada presión sobre su sistema de acogida
La ciudad autónoma continúa afrontando importantes dificultades para atender al elevado número de menores que permanecen bajo protección tras la entrada masiva registrada durante el verano.
Los recursos disponibles se han visto sometidos a una fuerte presión, obligando a las administraciones a habilitar soluciones temporales mientras se organizan nuevos traslados.
Las autoridades locales llevan semanas reclamando una mayor implicación del resto de administraciones para reducir la sobrecarga que soporta el sistema de protección de menores.
El nuevo plan impulsado por el Ministerio pretende responder precisamente a esa situación.
El traslado de aproximadamente medio millar de menores permitiría reducir significativamente la ocupación de los centros de acogida existentes en Ceuta.
Sin embargo, la operación requerirá una importante coordinación logística entre el Gobierno central, las entidades colaboradoras y los distintos territorios que finalmente reciban a los menores.
Además del alojamiento, será necesario organizar su escolarización, atención sanitaria, apoyo psicológico y programas de integración adaptados a cada caso.
Un proceso que continuará durante las próximas semanas
El Ejecutivo trabaja para que los primeros traslados puedan realizarse lo antes posible una vez concluyan los procedimientos administrativos necesarios.
Las autoridades insisten en que cada menor será incorporado al sistema de protección conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de los organismos competentes.
El proceso incluirá la identificación individual de los menores, la valoración de sus necesidades específicas y la asignación del recurso de acogida más adecuado.
Las organizaciones sociales que participen en el dispositivo deberán cumplir igualmente los requisitos establecidos por la legislación española en materia de protección de menores.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene el objetivo de aliviar cuanto antes la presión asistencial existente en Ceuta.
La redistribución de estos menores constituye una de las principales prioridades del Ministerio de Juventud e Infancia tras la crisis migratoria registrada durante el verano.
El desarrollo del plan será seguido de cerca tanto por las administraciones territoriales como por las entidades que trabajan habitualmente en la atención a menores extranjeros no acompañados.
En las próximas semanas se conocerán nuevos detalles sobre el calendario previsto, el número de plazas disponibles y las comunidades o entidades que finalmente participarán en el operativo impulsado por el Gobierno para gestionar la situación derivada de la última entrada masiva en la ciudad autónoma.
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