El Gobierno elevará de 5 a 20 céntimos por litro la rebaja fiscal del diésel en septiembre tras subir un 15,7 % su precio.
El Gobierno elevará de 5 a 20 céntimos por litro la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicada al diésel durante septiembre, después del fuerte incremento registrado por el gasóleo. El precio del diésel aumentó un 15,7 % interanual en julio, superando el umbral del 15 % establecido en la cláusula de salvaguarda del plan anticrisis. La gasolina mantendrá una rebaja de cinco céntimos.
El precio del combustible vuelve a colocar al Gobierno ante la necesidad de activar medidas para contener el impacto de la inflación sobre los hogares y las empresas.
El Ejecutivo elevará en septiembre la rebaja fiscal aplicada al diésel, que pasará de los cinco céntimos por litro inicialmente previstos a 20 céntimos.
La decisión supone multiplicar por cuatro el descuento aplicado sobre el impuesto que grava el gasóleo y responde al fuerte incremento experimentado por este carburante durante los últimos meses.
La medida se activa después de que el precio del diésel registrara en julio un incremento interanual del 15,7 %.
Ese aumento supera el límite del 15 % contemplado en la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el plan anticrisis.
El mecanismo permite incrementar temporalmente la reducción fiscal cuando el precio del combustible alcanza determinados niveles y amenaza con trasladar una presión adicional a la economía de familias y empresas.
El diésel se dispara y activa la cláusula de salvaguarda
El incremento del precio del gasóleo se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los consumidores y para sectores especialmente dependientes del transporte.
Un aumento del 15,7 % interanual implica que repostar un vehículo diésel resulta considerablemente más caro que un año antes, especialmente para quienes realizan desplazamientos diarios o recorren largas distancias.
El impacto también alcanza a los profesionales del transporte, agricultores, autónomos y empresas que utilizan vehículos y maquinaria alimentados con gasóleo.
El encarecimiento del combustible puede terminar trasladándose además al precio de determinados bienes y servicios.
El transporte constituye un componente relevante de los costes de distribución, por lo que un incremento sostenido del precio del diésel puede generar efectos indirectos sobre la economía.
Ante esta situación, el Gobierno aplicará durante septiembre una reducción de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
La medida pretende amortiguar parte del incremento registrado en los surtidores y reducir el impacto que el encarecimiento está provocando sobre los consumidores.
El mecanismo, sin embargo, tiene una duración limitada y se enmarca dentro de las medidas extraordinarias vinculadas al plan anticrisis.
La evolución de los precios durante las próximas semanas será determinante para conocer si será necesario mantener o modificar este tipo de ayudas.
La gasolina queda fuera del aumento
La rebaja fiscal será diferente para la gasolina.
En este caso, el precio registró en julio un incremento interanual del 7,3 %, muy por debajo del umbral del 15 % establecido para activar el incremento extraordinario de la ayuda.
Por este motivo, la gasolina mantendrá durante septiembre la rebaja inicialmente prevista de cinco céntimos por litro.
La diferencia entre ambos carburantes refleja la distinta evolución de sus precios durante el último periodo.
Mientras el gasóleo ha superado el nivel que activa la cláusula de salvaguarda, la gasolina se mantiene por debajo.
El Gobierno ha optado así por concentrar el esfuerzo fiscal adicional en el carburante que ha experimentado un mayor encarecimiento.
Para los conductores de vehículos diésel, la diferencia puede ser apreciable a la hora de llenar el depósito.
La rebaja de 20 céntimos por litro supone un ahorro teórico de 10 euros en un repostaje de 50 litros, frente a los 2,50 euros que habría supuesto la rebaja inicial de cinco céntimos.
En un depósito de 60 litros, el descuento alcanzaría los 12 euros.
El ahorro final dependerá, no obstante, de la cantidad repostada y de la evolución del precio del combustible durante septiembre.
Una medida para contener el impacto sobre los hogares
La decisión llega en un momento en el que los precios de la energía y de los carburantes siguen teniendo una incidencia directa sobre el presupuesto de las familias.
El combustible es uno de los gastos más difíciles de evitar para millones de trabajadores que necesitan utilizar su vehículo para desplazarse hasta sus centros de trabajo.
En las zonas rurales y en territorios con una mayor dependencia del automóvil, el impacto puede ser especialmente relevante.
La situación también afecta a los profesionales que utilizan vehículos de forma intensiva.
Transportistas, repartidores, taxistas, agricultores y otros colectivos pueden experimentar un aumento significativo de sus costes cuando el precio del gasóleo se mantiene elevado durante un periodo prolongado.
La reducción del impuesto busca precisamente limitar parte de ese impacto.
Sin embargo, la medida también supone un menor ingreso fiscal para las arcas públicas, por lo que su aplicación está condicionada a la evolución de los precios y a las reglas establecidas en el plan anticrisis.
La activación de la cláusula de salvaguarda demuestra, en cualquier caso, que el incremento del precio del diésel ha alcanzado niveles suficientemente elevados como para justificar una intervención fiscal extraordinaria.
El Ejecutivo deberá seguir de cerca la evolución de los mercados energéticos durante las próximas semanas.
Si los precios continúan aumentando, la presión sobre los hogares y sobre los sectores productivos podría intensificarse.
Si, por el contrario, el coste del combustible comienza a moderarse, el impacto de la rebaja fiscal podría reducirse y el Gobierno tendría que valorar la continuidad de las medidas.
Por ahora, septiembre llegará con una diferencia clara entre ambos carburantes: 20 céntimos de rebaja fiscal por litro para el diésel y cinco céntimos para la gasolina.
Una decisión que pretende aliviar el golpe del encarecimiento del gasóleo y evitar que el aumento de los costes de transporte termine agravando todavía más la presión económica sobre familias, autónomos y empresas.
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